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[OPINIÓN] Ed Málaga: “Por fomentar la investigación, pervirtieron la ciencia”
“La Ley Universitaria debe ser modificada a fin de promover —mas no imponer— la investigación, permitiendo la contratación por separado de docentes e investigadores en universidades”.
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Comprobado. Existen negocios ilegales de venta de autorías en artículos científicos en nuestro país: mafias que cobran a pseudoinvestigadores por aparecer como autores de publicaciones en revistas científicas indexadas, sin haber participado de dichos trabajos. Si bien esta modalidad de fraude científico ya era conocida a nivel mundial, la noticia causó malestar aquí, pero no necesariamente porque seamos una sociedad que valore y defienda la propiedad intelectual. Por el contrario, la tibieza con la cual se condena la proliferación de tesis, grados y títulos universitarios fraudulentos revela una sorprendente tolerancia al fraude que alcanza a las más altas esferas de la política.
No, la razón del malestar es una mucho más terrenal: los “científicos bambas utilizan esta práctica para inflar sus CV y así acceder a cargos, bonificaciones y aumentos salariales —muchos de ellos con dinero público—, así como para aumentar sus posibilidades de ganar subvenciones, fondos de investigación y consultorías. Es decir, no solo se afecta la calidad y el prestigio de nuestra ciencia, sino que se perjudica económicamente al Estado. En el centro de todo ello está una equivocada política de fomento a la investigación, que obliga a docentes y universidades a publicar para subsistir, sin haberse preocupado de invertir para consolidar grupos de investigación bien remunerados, dotados de infraestructura y equipos, capaces de generar contenido original y competitivo. Por ello, la Ley Universitaria debe ser modificada a fin de promover —mas no imponer— la investigación, permitiendo la contratación por separado de docentes e investigadores en universidades. Asimismo, CONCYTEC debe eliminar el incentivo perverso de RENACYT como sistema de calificación profesional, y limitarlo a una base de datos. Finalmente, urgen cambios normativos para sancionar el fraude científico con el retiro de grados y títulos, y la imposibilidad de volver a investigar en el país.
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