[OPINIÓN] Adrián Simons Pino: “La justicia o el caos: la guerra entre las cortes”

Tomo “prestado” el título de un libro del periodista francés Denis Robert porque creo que es perfecto para describir lo que estamos viviendo a raíz de la liberación de Alberto Fujimori (AF). La polarización ha llegado al Derecho. Ya no importa la ciencia jurídica, sino de qué lado estás. Trataré de explicar cómo hemos llegado a esta situación de enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Cuando el 24 de diciembre de 2017 PPK concedió el indulto a AF por razones humanitarias, los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte IDH la declaración de nulidad del indulto a los dos días.

La Corte IDH citó a las partes para una audiencia el 2 de febrero de 2018, a la cual asistí, como representante del Estado peruano, para ejercer su defensa. Dijimos que la Corte IDH no era competente para revisar el indulto porque los abogados de las víctimas no habían agotado las vías judiciales internas. Se demostró que, en el Perú, el TC había creado jurisprudencia para la revisión de indultos por razones humanitarias (casos Jalilie y Crousillat) y que la vía correcta era a través de un proceso constitucional (habeas corpus o amparo).

En su resolución del 30 de mayo de 2018, la Corte IDH le dio la razón a la defensa ejercida por el Estado peruano y dispuso, expresamente, que el caso debía ser revisado por la “jurisdicción constitucional” bajo determinados estándares.

¿En qué momento todo empezó a torcerse? Cuando los abogados de las víctimas, en lugar de acudir a la justicia constitucional, acudieron ante un juez penal, quien revocó el indulto.

Frente a ello, la defensa de AF presentó un habeas corpus. El TC dictó sentencia el 17 de marzo de 2022 y declaró nulas las resoluciones dictadas por los jueces penales (por ser incompetentes en este caso), restituyó la vigencia del indulto y ordenó la libertad inmediata de AF.

¿Por qué entonces AF no salió libre el 17 de marzo de 2022? Los abogados de las víctimas recurrieron nuevamente a la Corte IDH para impedir su liberación. Obviamente, el Estado peruano se hizo presente a través de la procuraduría supranacional a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus) y pidió a la Corte IDH que haga una “supervisión reforzada” de la sentencia emitida por el TC, adjuntando una carta del entonces presidente Castillo, en la que expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

La defensa del Estado no informó a la Corte IDH que el indulto no había sido revisado por la justicia constitucional y la Corte IDH tampoco advirtió que lo había hecho un juez distinto al que había ordenado. Todos se hicieron de la vista gorda.

Ante la nula defensa del Estado peruano, la Corte IDH, el 7 de abril de 2022, resolvió ordenando que no se ejecute la sentencia del TC.

El 4 de diciembre de 2023, el TC dispuso la libertad inmediata de AF y se apartó de lo señalado por la Corte IDH. Tampoco se hizo caso a la resolución emitida por el presidente de la Corte IDH el 5 de diciembre, en la que solicitó al Estado peruano abstenerse de ejecutar la orden de liberación del TC, hasta que dicha corte cuente con todos los elementos para analizar la situación y emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Ahora que el tema estará nuevamente en la cancha de la Corte IDH, la pregunta que se cae de madura es ¿cuál será la posición de la procuraduría del Minjus? ¿Denunciarán que se violó la resolución de la propia Corte IDH al haberse revisado el indulto por un juez penal en lugar de la jurisdicción constitucional? ¿Cómo se va a justificar el incumplimiento a las resoluciones de la Corte IDH?

La defensa de los derechos humanos debe ser ejercida bajo una máxima diligencia, lo que no ha recurrido en el presente caso. Las ONG que protegen a las víctimas tienen un rol muy valioso, pero no pueden abusar de ese rol usando atajos indebidos. El fin no justifica los medios. Ese es el origen de todo este caos.