No todo lo que brilla es oro

La semana pasada, el Tribunal Constitucional resolvió una demanda que el Presidente ha comentado equivocadamente, hasta ahora, en dos ocasiones. No se trata de la ‘deuda’ de las grandes empresas con la Sunat que, como ha dicho Vizcarra, son de un monto del orden de 10 mil millones de soles y equivaldría “a la construcción de unas 400 mil viviendas rurales, o a la mitad del presupuesto de Salud del 2021”. Visto así se trataría de una clara injusticia subsanada por la decisión del TC. Pero lo que han resuelto los magistrados es la no prescripción del cobro de un monto de dinero que lleva años en disputa y, por ello, años sumando intereses.

No es que las empresas Mega o Top no hayan pagado sus impuestos como ha dicho el Presidente de la República –ya se sabe cómo la Sunat no perdona a los formales– sino, se trata de un caso donde el Tribunal Fiscal, la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria, cuyos integrantes son designados nada menos que por el MEF, ya había fallado a favor de las supuestas deudoras. El decreto legislativo que hoy el TC permite que se aplique retroactivamente, fue creado posteriormente al caso.

Es complicado, pero lo cierto es que no se trataba de “la posibilidad de que grandes empresas dejen de pagar impuestos”, 158 empresas muy grandes (de un total de 280 que representan el 42% de la recaudación del IR, según reporte de la Sunat de 2017), sino de la prescripción. Aclarado el tema, hay que subrayar dos puntos. Uno, que al día de hoy la deuda no está determinada, así que no se sabe a cuánto asciende. Y dos, que es probable que las empresas terminen por demandar al Estado peruano ante el CIADI no solo por razones que, jurídicamente, parecen claras, sino por la presión política ejercida por el Presidente.

No nos sorprendamos si el Perú termina perdiendo los miles de millones que Vizcarra ya anda contando. Este caso no esta cerrado.