No es una crisis política

El trance que nos ha traído hasta aquí no se reduce a un enfrentamiento entre poderes del Estado. Quien insista con ese rollo corre el riesgo de quedar como un desinformado, un ingenuo o, lo que es peor, un cómplice de la embestida pandillera que durante los últimos años ha buscado detener cualquier avance de la justicia. Esa agenda obstruccionista fue evidente con los esfuerzos obscenos del fujiaprismo parlamentario y sus operadores mediáticos por tumbarse el acuerdo con Odebrecht que, luego de ser aprobado, con un efecto dominó, viene barriendo a buena parte de la mugre que cubre la política local. La efectividad de ese acuerdo es innegable, la operación de boicot que se armó contra él, también.

Ese obstruccionismo ha entrado a una etapa distinta que estará marcada por la revelación de nuevos codinombres, de donde es muy probable que salte el seudónimo usado para más de un congresista en funciones. Por eso, vean ustedes mismos quiénes son los que siguen defendiendo al Legislativo más que al Ejecutivo. Todo se trata de asegurar la impunidad.

El asunto es que ahora el Gobierno ya no tiene mucho margen de maniobra. Es predecible que el bloque mayoritario en el Congreso apruebe la moción de confianza presentada por Vizcarra para modificar el sistema de elección de magistrados del TC, pero que establezca que estas serán aplicables para la siguiente elección, no para la que ya está en marcha. Muy difícil que en ese contexto Vizcarra se atreva a cerrar el Congreso. Aun así, al momento de escribir esta columna, el fujiaprismo no ha logrado conseguir los votos necesarios para elegir a magistrados del TC. Les faltan entre tres y cinco votos, así que es aquí donde se tiene que prestar atención para saber quién prefirió la turbiedad antes que la transparencia.