Al término de su mandato

Ayer domingo el titular de bandera en la portada de El Comercio confirmaba a los cuatro vientos lo que había sido un secreto a voces. La información circulaba hace rato en los pasillos del Ministerio Público. Un aspirante a colaborador eficaz, el No 10-2018, habría dicho al fiscal Juárez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, que la empresa Obrainsa, investigada por el Club de la Construcción, y su socia Astaldi, efectuaron un pago ilícito de un millón de soles al presidente Martín Vizcarra cuando este era gobernador regional de Moquegua en 2013 por la adjudicación de la buena pro de la obra Lomas de Ilo.

Como era de esperarse, la noticia corrió como reguero de pólvora en las redes sociales y antes de que cantara un gallo ya se hablaba desde la bancada de Unión por el Perú y otras coordenadas de una nueva moción de vacancia.

La denuncia es gravísima y el testimonio debe ser corroborado. Esto es más, mucho más que la telenovela sobre Richard Cisneros y los dichos destemplados de Karem Roca y sus celos de Mirian Morales, otrora secretaria general de Palacio de Gobierno, evidenciados en los ahora trasnochados audios del escándalo.

Sin embargo, la Fiscalía ha sido clara. Puede existir mérito suficiente para investigar al Jefe de Estado pero nada debería impedir que Vizcarra concluya su mandato tras las elecciones del próximo abril, el 28 de julio de 2021, en aras de la institucionalidad del país.

El camino que le queda por recorrer al mandatario no será nada fácil. La popularidad de la que tanto se ufana, ese respaldo ciudadano que según él descarta cualquier insinuación de soledad en el poder, podría empezar a verse mermada rápidamente de confirmarse lo dicho sobre la supuesta coima. A este vía crucis no debiéramos arrastrar a la nación que bastante luto ya cumple.