La fiesta de las interpelaciones

De las seis interpelaciones anunciadas, la presentada contra el ministro Martín Benavides es la más absurda e injustificable: es un misil ilegal lanzado por los mercaderes de la educación.

A diferencia de las otras interpelaciones, que se concentran en la acción de los ministros durante los últimos meses de cuarentena, la presentada contra el de Educación nada tiene que ver con la crisis actual ni con su función como ministro, sino con su pasado en la Sunedu. Eso es insólito porque la interpelación tiene como finalidad determinar el grado de responsabilidad política de un ministro en su función ministerial, no sobre lo que hizo en otro lado y tiempo.

Tampoco es que se necesite indagar mucho para saber que detrás de esa interpelación no existe una legítima preocupación por la educación, sino un absurdo intento de boicotear a la Sunedu y la reforma universitaria. En estos meses, Benavides ha ido cuatro veces a la Comisión de Educación para responder preguntas similares y una a la Comisión de Presupuesto, que nada tiene que ver con el asunto, pero igual se usó para petardear la reforma universitaria.

Eso no es todo. Mientras el ministro de Educación enfrentaba un maltrato sistemático en cada comisión a la que iba, José Luna Jr., dueño de Telesup y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, presentó una moción para investigar a todas las entidades reguladoras y supervisoras del país, como la Sunedu. Detrás de este esfuerzo boicoteador también está Virgilio Acuña, financista de Antauro y de UPP, y dueño de la Universidad de Lambayeque, que no ha logrado licenciarse. ¿Conflicto de intereses? Qué les va a importar.

La interpelación contra el ministro de Educación responde a un injustificable aprovechamiento de la crisis sanitaria para tumbarse el mayor esfuerzo a favor de la educación superior. Pasó en la era Saavedra y está pasando ahora con Benavides.