La democracia y sus enemigos

Uno de los efectos residuales de la así llamada contrarreforma electoral llevada a cabo por este Congreso es la caída de una serie de vallas legales que, por lo pronto, hubieran limitado el número de candidaturas para la próxima contienda presidencial.

La previsible atomización resultante, como han señalado distinguidos analistas, va a ser nefasta para nuestra democracia. Con 25 partidos o más, inscritos, la dispersión del voto puede favorecer, en cambio, a aventureros que podrían llegar a Palacio como quien se saca la lotería. Sea con su propio partido o alquilando el membrete de alguno que mantenga todavía su inscripción legal.

Y la cosa no termina ahí, desde luego. Así como en la Plaza Bolívar se trajeron abajo normas que modernizaban al sistema político peruano, con el malsano objetivo de favorecer determinados intereses, en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) redondearon la faena con otro dislate mayúsculo: aceptar la inscripción de partidos como el de Antauro Humala.

El argumento de los letrados del JNE para darle el visto bueno fue de un academicismo tan rancio, tan desprendido de la realidad y de la historia, que casi-casi podría decirse que, con su decisión, revivieron el malhadado término de “cojurídicos”.

Que en los estatutos y el organigrama formal de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) no figurara el nombre de quien había purgado condena por los delitos de rebelión, secuestro y asesinato, cometidos en 2005, durante lo que se conoció como ‘Andahuaylazo’, es un simple ardid. Una leguleyada que los magistrados del JNE se comieron enterita, como suele decirse.

De modo que ahora, en la próxima ruleta electoral, los peruanos podríamos terminar con un presidente que, además de ser un exconvicto, es un resuelto y vociferante enemigo de la democracia, los derechos humanos y amenaza públicamente con fusilar sin contemplaciones a quienes considera corruptos –su propio hermano está en la lista– ni bien llegue al gobierno.

La única manera de librar al país de fantoches políticos como este sería a través de una reforma constitucional que inhabilitara permanentemente para postular a cargos públicos a quienes hayan sido condenados por cualquier delito.

Lo único malo es que, para ello, los señores del Congreso tendrían que ponerse de acuerdo en este tema medular, posponiendo intereses particulares en beneficio del Perú. ¿Será que le estamos pidiendo peras al olmo?