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Juan Mendoza: Un poquito importa

“La ambigüedad del nuevo gobierno frente al contrabando resulta desconcertante, máxime cuando un objetivo expreso de PPK es reducir la informalidad”.

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No son buenos pasos el proyecto de ley para salvar a La Oroya ni la ambigüedad de PPK sobre el contrabando. La luna de miel del nuevo gobierno no debe ser excusa para gruesos errores de política económica.

Es muy mala idea plantear una ley para que el complejo metalúrgico de La Oroya siga operando contra viento y marea. Doe Run fue una empresa que incumplió sus compromisos con el Estado peruano y, cínicamente, lo demandó internacionalmente. En La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, la sangre de la mayoría de los niños está envenenada con plomo. Si fuera un buen negocio que La Oroya siga operando, entonces ya hubiera habido empresas privadas interesadas en adquirir los activos de Doe Run.

Ojalá que no vayan a relajarse los estándares ambientales para hacer La Oroya más atractiva a algún interés privado. Hay grandes proyectos mineros, que respetan la normatividad ambiental, detenidos por la conflictividad y la desconfianza que el accionar de empresas como Doe Run ha generado. Esos proyectos deberían ser destrabados en lugar de empecinarse en tener una refinería y una fundición a 3,800 metros sobre el nivel del mar.

Sin duda debe buscarse una solución para los miles de trabajadores afectados por la paralización de La Oroya. Pero es igual de prioritario encontrar solución a la pérdida de empleos en otros sectores de la economía, como el textil, durante los últimos años. Las leyes con nombre propio o el tratamiento preferencial por razones políticas pervierten la economía de mercado y abren el camino a los lobbies y la pérdida de eficiencia social.

Miles de negocios y trabajadores formales pierden ingentes sumas como consecuencia del contrabando. Se estima que cada año, debido a este ilegal flagelo, el fisco deja de recaudar más de mil millones de soles, los que podrían financiar más y mejores servicios públicos. Por ello, la ambigüedad del nuevo gobierno frente al contrabando resulta desconcertante, máxime cuando un objetivo expreso de PPK es reducir la informalidad.

El déficit fiscal está en el nivel récord en lo que va del siglo, cortesía del inepto gobierno anterior. Hay que resistir la tentación de endeudar al país, error que hemos cometido cada vez que han caído los precios de nuestras exportaciones. La deuda no se paga sola. La deuda se paga con impuestos en el presente o en el futuro. Bajar el IGV es una apuesta audaz que si fracasa le restará credibilidad al MEF, pues habrá que volverlo a subir.

¿Mejorarán las políticas públicas debido a que los ministros se ejercitan en Palacio de Gobierno?