Guerra a ciegas en el VRAEM

Es ya perentorio y de prioridad máxima que el Gobierno se ponga las pilas y planifique cuanto antes una nueva estrategia para enfrentar a los rezagos de Sendero Luminoso en el VRAEM, que como ya se sabe continúa operando en alianza con el narcotráfico.

Las noticias que llegan de tanto en tanto sobre valerosos militares que caen acribillados a manos de estos delincuentes terroristas –como los cuatro efectivos de ayer en la espesa selva ayacuchana– no debería quedar solo en el registro contable a través de comunicados o partes policiales.

La semana pasada, durante una presentación pública, el Ejecutivo esbozó muy a la volada algunas ideas y líneas de acción como sustento del pedido de facultades para legislar en materias de seguridad ciudadana, entre ellas la lucha contra el narcotráfico.

Desde estas páginas hemos advertido e insistimos en el grave error que cometió el gobierno de Ollanta Humala al haberle entregado a la Sunat la responsabilidad de definir acciones de interdicción contra el menudeo de las sustancias químicas que van a la producción de estupefacientes. El fracaso de esa medida, además de la muy escasa reducción de las áreas de sembríos de hoja de coca, han llevado a un crecimiento espeluznante del negocio de los cárteles del narcotráfico en la zona.

Con ello no se ha logrado otra cosa que complicar aún más las labores de las fuerzas de seguridad, pues al frente tienen ahora a organizaciones delictivas que en complicidad con los terroristas de la zona están mejor preparadas para defender sus mercancías ilícitas. Y como se sabe, el resultado inmediato se traduce también en un aumento de los hechos de violencia alrededor de estas actividades, que van camino a convertir el VRAEM en tierra de nadie.

Cambios en este tipo de decisiones y estrategias es lo que debería esperarse de parte del gobierno de Boluarte si de verdad se quiere hacer algo para evitar que la sangre derramada de los militares –y no solo la de ellos– quede en el olvido.

El tema de la seguridad ciudadana sigue figurando en el debe del Ejecutivo. Los peruanos no podemos seguir viviendo bajo la amenaza cotidiana de la delincuencia, ni en el campo ni en las ciudades.