Operación Benavides

La arremetida del oficialismo contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber tenido la valentía de abrir investigaciones al presidente Pedro Castillo –en el marco de la ley y la Constitución– ha llegado a un nivel de venganza propia de chaveteros.

Ya no son solo los ataques del premier Aníbal Torres, que lejos de calmarse y esperar a que terminen las indagaciones, intenta a diario minimizarlas o desacreditarlas. Ahora se ha sumado una acusación constitucional instrumentalizada por la bancada de Perú Libre que ve en la actuación de la fiscal un peligro para su supervivencia política y, sobre todo, el riesgo de perder la mamadera del Estado.

Pero parece que esta vez han decidido ir más allá incluso.

Tanto Benavides como la fiscal Marita Barreto, que lidera el equipo de lucha contra la corrupción en el poder, han sufrido el reglaje de sus domicilios a través de drones. Una estrategia mafiosa típica: la intimidación y el espionaje. Sobre todo cuando saben que ni el soborno ni la componenda política funcionarán contra la honestidad de un funcionario.

Perú21 publicó el domingo un informe en el que dio cuenta de algunos de los más conocidos ataques a fiscales de otros países que, en Latinoamérica, luchaban contra mafias organizadas. El caso más notorio, desde luego, el del fiscal Alberto Nisman, que, en Argentina, investigaba un caso cuyos resultados iban a afectar directamente a Cristina Kirchner, entonces presidenta de ese país, y a connotados miembros de su partido y del gobierno. Luego de recibir una serie de amenazas, fue finalmente asesinado un día antes de presentar su informe en el Congreso.

En el Perú, el Ministerio Público se está enfrentando a una organización de similares ribetes de peligrosidad por los tentáculos que había logrado articular para hacerse de dineros del Estado, a través de distintos estamentos y ministerios. Y cada día que pasa saltan nuevas evidencias incriminadoras. De ahí el nerviosismo y las iras que se han desatado en el gobierno y sus socios.

Las instituciones y las fuerzas democráticas, la sociedad civil, deben cerrar filas a favor del trabajo fiscal. Si de verdad queremos desterrar la corrupción de nuestro país, es el momento de demostrarlo.