Salir de la Corte

El 21 de enero de 1981, el Perú, gobernado por el social confuso comunistoide Fernando Belaunde –tío del congresista Vitocho–, suscribió lo siguiente: “[…] el Gobierno del Perú DECLARA QUE RECONOCE COMO OBLIGATORIA de pleno derecho y sin convención especial la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención […]”.

La razón que motiva a los estados a suscribir voluntariamente la Convención Americana sobre DD.HH. es el reconocimiento de que la protección de los derechos de sus propios ciudadanos debe estar por encima de los intereses coyunturales de los gobiernos. Es una garantía, una red de seguridad.

Quien afirme que la Corte defiende los derechos humanos de los “terrucos” miente. La Corte recibe a cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido atropellados. La Corte solo ha aceptado una de cada diez demandas contra el Estado peruano, y de los 189 casos que mantiene en etapa de supervisión, solo 38 involucran al Perú. Estos incluyen el de Baruch Ivcher, varios por despidos arbitrarios durante el fujimorato, el de la Cantuta y el de Barrios Altos. ¿Es Ivcher terruco o comunistón? ¿Lo son los ex trabajadores del MEF? ¿Lo eran los ex diplomáticos despedidos?

¿El Perú siempre pierde? Bueno, si el documento que el Estado peruano soberanamente ha suscrito le prohíbe a este y a sus agentes arrebatar nacionalidades y bienes, y tienes a Ivcher; o que se torture, secuestre o prive arbitrariamente de la vida a alguien, y tienes Grupo Colina; ¿qué esperabas? ¿Que gane?

Las cortes supranacionales sí funcionan y sí nos han favorecido en el pasado, incluso en el no tan reciente: le ganamos el diferendo marítimo a Chile. ¿Chile se puso como chibolo engreído? ¿Y por qué nosotros sí?