Escazú sin engaños

La campaña contra el Acuerdo de Escazú está plagada de mentiras y verdades a medias. Para empezar: el acuerdo no dispone de nuestro territorio y recursos naturales, ni regula las actividades que se pueden realizar en la Amazonía. Tampoco permite que un país ajeno ingrese libremente a ella. El Acuerdo de Escazú dice textualmente que Perú aprobará sus propias leyes de implementación para fomentar la participación ciudadana, garantizará información transparente y asegurará el acceso a la justicia ambiental. Nada es impuesto: es el fruto de un esfuerzo regional por proteger el medio ambiente.

El argumento central de los opositores es que este pone en riesgo nuestra soberanía porque ante una controversia entre países, las partes podrán someterse a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje internacional. Pero ese motivo no fue razón para que Perú deje de suscribir TLCs ni despertó las quejas de quienes hoy ponen el grito en el cielo. ¿Qué haríamos entonces con todos nuestros tratados y acuerdos comerciales que nos obligan ante tribunales internacionales? Es en base a nuestra soberanía que autónomamente nos sometemos desde hace mucho a estos.

Si seguimos la lógica de los opositores del Acuerdo de Escazú por una supuesta afectación de la soberanía, tendríamos que abandonar todos nuestros tratados y aislarnos de la comunidad global. Tendríamos que renunciar al CIADI, la Corte IDH, La Haya y hasta de las pretensiones OECD. Aunque imagino que eso no es lo que quieren. Lo que en realidad parece fastidiarles, pero no se atreven a decirlo honestamente, es que se suba la paupérrima valla de la información, transparencias, participación y justicia ambiental.

Los opositores quedarían mejor sincerando su posición y debatiendo sobre el Acuerdo de Escazú sin engaños, concentrándose en los hechos. Aunque seguro ahí se quedarían sin argumentos.