El costo del desplante

Pasan los días y el mandatario Pedro Castillo continúa sin concretar la reunión que tiene pendiente con Julio Velarde, el reputado presidente de Banco Central de Reserva, cuya permanencia en el cargo resulta fundamental si queremos contener la fuga de capitales y calmar a los mercados. El jefe de Estado parece empecinado en desairar a este prestigioso funcionario y mientras alarga la incógnita, cae la Bolsa y el dólar sigue trepando.

Ayer caminó de Palacio al Congreso para pedirles a los parlamentarios que le entreguen la Comisión de Educación a sus congresistas y colegas magisteriales, pero no es capaz de tomar decisiones para sostener la economía del país.

Si a ello le añadimos las torpes y desatinadas declaraciones espetadas por el premier Guido Bellido –”Julio Velarde va a permanecer hasta el día que siga trabajando para los peruanos; si eso no se ve, debería dar un paso al costado porque ya no sirve”– pues que a nadie le llamen la atención, entonces, las proyecciones tan conservadoras sobre el crecimiento económico del país para el 2022, que financieras y calificadoras internacionales de riesgo como JP Morgan y Standard & Poor’s sitúan entre el 3.5 y 4.1%, debido sobre todo a la incertidumbre política que se ha sumado a los devastadores efectos de la pandemia.

Si el presidente de la República y su primer ministro –actualmente investigado por apología del terrorismo y lavado de activos– no tienen clara la importancia del BCR en la economía, que se den una vueltita por los mercados populares y pregunten a los ciudadanos cómo están recibiendo el aumento de precios en los productos tras el alza del dólar. Que consulten a los dirigentes de los comedores populares y de la ollas comunes, que se convirtieron en un sorprendente aliado contra el coronavirus en este último año, cómo están sustituyendo el pollo por menudencia en el plato diario.

Eso de echarle a la culpa a “los especuladores” suena a un deja-vu de aquellos discursos demagógicos cuando la hiperinflación comenzaba a dispararse durante el primer gobierno aprista, en la segunda mitad de los ochentas del siglo pasado.

En política, cada gesto cuenta. Los responsables del gobierno no parecen entender que la inestabilidad que generan con su comportamiento errático está afectando no solo a su ya alicaída credibilidad, sino, y sobre todo, a la economía de los más pobres.