Editorial: Prefectos inútiles

La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó un dictamen que elimina las prefecturas y subprefecturas en todo el país. Una propuesta a la que se arribó tras la forma grosera en que el gobierno ha instrumentalizado estas instancias para ponerlas a su servicio como aparatos de proselitismo, una mala práctica que, si bien venía desde administraciones anteriores, se ha extralimitado en la actual.

Y lo peor de este mal uso de recursos no es solo que se esté malgastando dinero de los contribuyentes –más de 80 millones de soles, según informó Perú21– en burocracia innecesaria y hasta fomentando cobros indebidos de cuotas “para el partido” –como se denunció en Arequipa–, es decir para Castillo y los suyos, sino que en esos puestos se está colocando a personal de probada incompetencia, dudosa honradez o vinculado a organismos de fachada del terrorismo, como el Sute-Conare (Movadef) o la Fenatep, ahora serviciales alfiles del oficialismo.

Debido a esa desviada función es que hemos visto a centenares de estos prosélitos, cuyas responsabilidades colisionan con las de las autoridades subnacionales democráticamente elegidas, ingresando a Palacio de Gobierno para unirse a las portátiles presidenciales.

La preocupación por este copamiento de los aparatos del Estado, especialmente en el caso de las prefecturas, es que, conociendo la ideología de quienes se adhieren a los colectivos políticos que apoyan al gobierno, no sería nada raro que desde esos puestos estos personajes se dediquen, además de engordar sus cuentas bancarias, a minar el orden público y las instituciones democráticas.

El predictamen de la Comisión advierte, adicionalmente, que la existencia de estos cargos “no resulta necesaria ni consecuente con la estructura del Estado descentralizado”, que sus tareas pueden ser asignadas a otras dependencias del Ministerio del Interior y así evitar una absurda duplicidad de funciones.

Cabe esperar que el Pleno del Congreso termine aprobando la propuesta, pese a las veladas amenazas sobre un presunto debilitamiento de la seguridad pública que algunos parlamentarios oficialistas han estado haciendo circular entre los medios. ¡Basta de despilfarros!