Fiscales en marcha

La Fiscalía de la Nación ha hecho bien en formar un equipo especial de magistrados para investigar las muertes ocurridas durante las violentas protestas iniciadas el 8 de diciembre, un día después del esperpéntico golpe de Estado de Pedro Castillo.

Un poco tarde, ciertamente, pues los ciudadanos de las regiones donde ocurrieron la mayor parte de estos desgraciados sucesos, Puno y Ayacucho, esperaban desde hace semanas una decisión definitiva del Ministerio Público. Pero con el equipo ya finalmente constituido, ahora toca actuar con celeridad.

Se han puesto un plazo máximo de 180 días para concluir las pesquisas, lo cual suena sensato. Mientras tanto, los familiares de las víctimas y heridos le han exigido a la fiscal de la Nación que el equipo indague en el mismo lugar de los hechos, cosa que los representantes del Ministerio Público han aceptado. Es decir, viajarán cada vez que sea necesario para recabar evidencia y registrar testimonios de testigos y pobladores, in situ.

Que hubo vandalismo y delitos de parte de ciertos manifestantes, aguijoneados desde las sombras por los verdaderos interesados en sembrar el caos y la destrucción, es una verdad incontrovertible. Pero también hay imágenes que demuestran, asimismo, que, en determinados desbordes de iracundia callejera, se produjo un desmedido uso de la fuerza por parte de la Policía o el Ejército. Por ello, todo lo ocurrido se debe esclarecer.

De ese modo, casos como el de los seis conscriptos militares que murieron en Ilave, cuya tropa en pleno fue obligada a cruzar un río encrespado y gélido –pese a que muchos de ellos no sabían nadar– deben ser igualmente esclarecidos ¿Quiénes provocaron esas muertes?

Y lo mismo con lo del policía José Soncco Quispe, a quien hallaron calcinado dentro de su vehículo durante las protestas en Juliaca, cuya muerte habría sido obra de una banda de avezados delincuentes confundidos entre la protesta. La PNP ya detuvo a dos de ellos.

Episodios confusos, ambos, que deben investigarse a fondo por el bien de las fuerzas de seguridad y el trabajo que están llamados a realizar en favor el país y la democracia.

Todas las víctimas de la violencia, civiles o uniformadas, merecen respeto. Una vez que la identidad de los responsables, directos o indirectos, salga a la luz, la ley no deberá tener contemplaciones con ellos.