Editorial: Desalojo quirúrgico

El desalojo pacífico de más de 100 manifestantes de la planta de gas de Kepashiato, en la región Cusco, por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas, ha sido una de las noticias importantes del fin de semana.

Esto por dos razones claras. Primero, se trata de un activo crítico nacional de vital importancia para el país porque es fuente de abastecimiento de gas natural para el mercado interno y externo. Y, a su vez, sirve para la producción de GNV y GLP, además de energía eléctrica.

Segundo, porque la acción de desalojo se hizo de manera impecable. A diferencia de otras ocasiones, no hemos tenido que lamentar muertes ni daños materiales. Confirma que la participación de nuestras FF.AA. en acciones de emergencia y en apoyo de la Policía Nacional, cuando es desbordada por la turba, sí resulta imprescindible si se realiza respetando los protocolos establecidos para esta clase de intervenciones.

Tratándose de una planta estratégica para la economía y el desarrollo del Perú, esta intervención militar redobla su importancia. No solo porque el gas natural genera cerca del 50% de toda la energía que el país consume, sino porque –sin ir muy lejos– el Cusco perdería un millón de dólares diarios, como canon, si se paralizara totalmente la planta de Kepashiato. Y al Estado peruano dejaría de ingresar 3 millones de dólares diarios con semejante paralización.

Eso, como mínimo, en un contexto internacional en que los precios de los hidrocarburos se han disparado, en beneficio de nuestras exportaciones (y sin que se afecte el consumo interno).

Y, al haber sido una operación militar casi quirúrgica, de meticuloso profesionalismo, proyecta, además, un principio de autoridad inalienable en todo Estado de derecho. Orden y seguridad interna, pero respetando siempre la vida humana, como señaló a este diario el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Por otro lado, si las fuerzas de seguridad incurrieran en excesos, corresponde a la Fiscalía investigar con rigor. Y hace bien ahora el gobierno en acudir de inmediato a los familiares de las víctimas de las últimas protestas vandálicas para otorgarles una justa reparación, como ha anunciado el Ejecutivo.

Celebramos que algunas cosas comiencen a cambiar, para bien, en el Perú.