Investigación policial sin ‘gatillo fácil’ ni corrupción

Veintiún policías operativos escaparon de las garras del COVID-19 y se han recuperado en el día 38 de la cuarentena. También estamos en el vigésimo séptimo día de vigencia de la Ley N° 31012 –Ley de Protección Policial–, norma que, en un inicio, fue cuestionada y que fue denominada luego ‘Ley del Gatillo Fácil’ por la congresista Rocío Silva Santisteban.

La Policía Nacional no perdió los papeles. Mantuvo su actitud operativa eficaz. No se registró ningún caso de abuso policial, pese a que se combatió a grupos belicosos, renuentes a cumplir la ley.

No hubo el vaticinado ‘Gatillo Fácil’. Por el contrario. El esfuerzo realizado dio como resultado hermanos policías contagiados y fallecidos. Esto mostró, a su vez, las graves falencias que existen en el sistema de salud policial.

Es evidente que las unidades especializadas de investigación y las de seguridad pública de la Policía Nacional han demostrado madurez y seriedad profesional en los 38 días de estado de emergencia, durante el control social.

Incluso, obtuvieron resultados positivos en intervenciones en flagrante delito, sin la participación del Ministerio Público. En otras partes del mundo, la Policía no tiene la carga agobiante –e innecesaria– del fiscal en la ejecución de sus operaciones.

En el campo de la investigación, hay que rescatar que, en los últimos cuatro años, la Policía ha demostrado que tiene un alto nivel de eficacia, con la captura de 2,500 personas por diversos delitos, entre ellos corrupción y crimen organizado. Además, ha habido niveles muy bajos de corrupción policial y cero fuga de información.

Las circunstancias actuales exigen zanjar, de una vez por todas, antiguas controversias y prejuicios contra la Policía de investigación y contra la pesquisa y el atestado policial –documento por excelencia de la investigación–, asesinado por el nuevo Código Procesal Penal, promoviendo una norma que le dé autonomía operativa, en la que el fiscal solo se dedique a la parte que le compete: el aspecto legal.

Es necesario contar con una estrategia operativa contra el crimen menor (callejero) y hacer un acto higiénico contra las redes de corrupción, castigando con rigor a los delincuentes que usan el uniforme policial.

Las autoridades políticas y el comando policial deben comprometerse a optimizar el sistema de salud policial y proteger a los hombres y mujeres policías que luchan todos los días en las calles contra el crimen y el COVID-19, quienes, inclusive, han entregado el bien más preciado que tienen: su vida. ¡Sí se puede!