Ate y desate

La postura de algunos alcaldes distritales de insistir en clausurar y multar con sumas astronómicas –que a menudo lindan ya con lo extorsivo– a los restaurantes se está convirtiendo en una amenaza real para este sector productivo y para los miles de puestos de trabajo que genera la industria gastronómica.

A veces incluso no solo estos comedores son los agraviados, sino toda clase de establecimientos comerciales o instituciones culturales, que algunas autoridades edilicias deciden cerrar por ‘quítame estas pajas’.

Este abuso sistemático, que por ahora no parece tener límites ni amparos que lo salven, debe detenerse. Resulta increíble que, a estas alturas de la crisis económica que atenaza al Perú, estos burgomaestres no se den cuenta de que el sector turismo –tan golpeado por la pandemia, las protestas sociales, los factores climáticos como por la incompetencia y la miopía de funcionarios subnacionales y distritales– es esencial para la recuperación del país.

Ha sido necesaria una movilización de sus trabajadores y una serie de pronunciamientos de chefs, conocidos restauranteros limeños y de la propia Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y afines para que el alcalde del distrito de Ate, Franco Vidal, retroceda y permita que la Granja Azul pueda reabrir sus puertas.

Desde la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú (ARP), por su parte, se recordó que son más de 100,000 los restaurantes que operan en el Perú, buena parte de ellos actualmente preocupados por las medidas draconianas de ciertas municipalidades.

Si la peregrina idea es recaudar más fondos para la comuna a través de multas exorbitantes a instituciones tan tradicionales del mundo de la gastronomía como la afectada, pues muy mal andamos. Que nuestra cocina se haya vuelto un atractivo turístico indiscutible no es razón para que sus marcas más emblemáticas comiencen a sufrir el acoso de autoridades obtusas, como quien castiga el éxito ajeno.

Uno de los caminos para frenar estos excesos de discrecionalidad, como señala la ARP, es que el Congreso apruebe de una vez un proyecto de ley que regula expresamente los casos en que una autoridad edil puede cerrar un local comercial.

A estos alcaldes abusivos hay que pararles la mano ya mismo.