Entre los casos por los que se pide ampliar la extradición del exmandatario figuran los de esterilizaciones forzadas, masacre de la familia Ventocilla y presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativo Chavín de Huántar.
Ambos legisladores son denunciados por el presunto uso irregular de recursos públicos para actividades político partidarias durante la Semana de Representación.
A través de un comunicado alega que el contexto actual es distinto al que existía al momento de concederse la medida cautelar por lo que esperará un nuevo pronunciamiento judicial.
La medida es por su presunta responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.
De ser aprobado, el proyecto presentado por Fuerza Popular impediría la recuperación de bienes obtenidos de modo ilícito hasta obtener una sentencia judicial penal. Iniciativa afectaría lucha contra la corrupción.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno cumplir con el mandato que emitió el último martes 18 de octubre el Poder Judicial, donde se oficializa la reposición de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado información con carácter de urgente al Ministerio de Producción respecto a los términos de la contratación de Edwin Segundo Chávez Prado, quien sería sobrino del titular de dicho sector, Jorge Prado Palomino.