Hubo una carretera que no se podía terminar porque faltaba desalojar un terreno. El arancel oficial presupuestado era, digamos, como 100. El propietario quería, digamos, como 120, que se parecía más a su valor de mercado. El alcalde inició los trámites que le aconsejaron, pero la cosa demoraba, hasta que decidió pagar los 120. Todos felices: el propietario que desalojó pronto el terreno, los trabajadores que no sufrieron una obra paralizada, el contratista que terminó la carretera a tiempo, el alcalde que la inauguró con bombos y platillos y, sobre todo, la población que la empezó a utilizar, ahorrando tiempo y combustible. El alcalde no se quedó con ningún centavo, pero terminó en prisión.