Senador nigeriano es condenado por querer extraerle riñón a un joven y dárselo a su hija

Ekweremadu, de 60 años, su esposa Beatrice y el doctor Obinna Obeta, que actuó como “intermediario”, fueron declarados culpables en marzo de llevar al Reino Unido a un joven nigeriano desfavorecido para extraerle un riñón.

La hija de la pareja, Sonia, de 25 años, que debía recibir el órgano, también fue juzgada, pero salió absuelta.

El juez Jeremy Johnson, del tribunal penal de Londres, reprochó el viernes al político haber participado en un “comercio despreciable” que se aprovecha de la “pobreza, miseria y desesperación” de personas vulnerables, al condenarlo a nueve años y ocho meses de reclusión.

Los hechos tuvieron lugar entre el 1 de agosto de 2021 y el 5 de mayo de 2022.

Tras viajar a Londres con la promesa de 7.000 libras (8.800 dólares) y la posibilidad de quedarse a vivir y trabajar en el Reino Unido, la víctima, un vendedor callejero de 21 años originario de Lagos, comprendió que lo habían engañado tras ser sometido a exámenes médicos en un hospital del noroeste de Londres.

En mayo de 2022, rechazó la intervención y huyó para advertir a la policía “en busca de alguien que le salvase la vida”, explicó durante el juicio.

En marzo, Esther Richardson, responsable de la unidad de lucha contra la esclavitud moderna de la policía de Londres, calificó la condena de “significativa” y alabó la valentía de la víctima al denunciar los hechos.

Al final, el trasplante no tuvo lugar y familia Ekweremadu fue detenida en el aeropuerto londinense de Heathrow en junio de 2022. Desde entonces, Ike Ekweremadu ha estado debido al riesgo de que huyera del Reino Unido.

El juicio en Londres fue seguido con mucho interés en Nigeria, donde la familia Ekweremadu tiene “poder e influencia”, según señaló la fiscalía.

Ekweremadu sigue siendo oficialmente miembro del Parlamento hasta que tome posesión el nuevo Senado elegido a principios de año.

Elegido senador de Abuya en 2003 por el opositor Partido Democrático Popular (PDP), no pudo presentarse a las recientes elecciones porque se encontraba en detención preventiva.

En un comunicado emitido por la policía tras la sentencia en marzo, la fiscal Joanne Jakymec criticó la “total indiferencia de los acusados por el bienestar y la salud de la víctima” y el uso de su “considerable influencia” para intentar salirse con la suya frente a una víctima que sólo tenía una “comprensión limitada de lo que estaba ocurriendo en realidad”, informó AFP.