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Procesan a Cristina Fernández por lavado de activos
La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas.
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Cristina Kirchner
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La Justicia argentina confirmó este jueves el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
La sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó también el procesamiento de los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y de Romina Mercado, sobrina de Fernández y su fallecido esposo —el también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
A través de una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los magistrados avalaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio, quien en abril pasado consideró a la expresidenta "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe".
También se ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández por 130 millones de pesos (7,38 millones de dólares, al cambio actual).
¿JUICIO ORAL?
Tras la decisión judicial de este jueves, la senadora electa -que este miércoles juró su cargo en la Cámara Alta- solo podrá recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y se acerca más a la posibilidad de ser citada para acudir a juicio oral.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de ambos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
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