Un duro diagnóstico

Como parte de este estudio se inspeccionaron 103 municipalidades a nivel nacional con la finalidad de hacer un diagnóstico sobre el funcionamiento y organización de estas iniciativas comunitarias.

Además, se pretendía comprobar el cumplimiento de la Ley N.° 31126 en el marco del respeto al derecho humano a la alimentación, parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030.

Dentro de sus conclusiones, la Defensoría del Pueblo señala que el obstáculo más repetido entre las entrevistadas fue la falta de recursos, según lo reportaron el 52% de ellas.

Más allá de la innegable necesidad de alimentos, continúa la Defensoría del Pueblo, resulta imprescindible “la provisión de agua segura y de mejoras de la infraestructura y/o equipamiento”.

La resiliencia y dedicación de las mujeres quedó registrada cuando estas declararon que, además de dedicarse a las ollas, al mismo tiempo tenían que seguir velando por su hogares, labor que, en algunos casos, recaía en la hija mayor. Significativamente, el 44% de entrevistados consideraba necesarios talleres y capacitaciones.

La falta de transparencia en “la identificación de las/los beneficiarias/os, en la adquisición de los productos alimenticios y en la focalización de la asistencia desplegada” es otra de las serias limitaciones que evidencia el informe de 55 páginas.

La estructura y organización de las ollas comunes también fue analizada. Según las entrevistas realizadas, se confirmó que una participación mayoritaria de mujeres (86%) frente a lhombres (14%); y que entre ellas un 16% le dedicaban de 7 a 8 horas al día, mientras que otro 16% le dedicaba aún más: de 8 a 10 horas al día.

Por otro lado, según los entrevistados, las ollas comunes proveían entre 40 a 200 raciones al día. Según estimaciones de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima al 2021, las más de 2,000 ollas comunes de entonces estaban alimentando a más de 250, 000 personas al día. Un aporte contundente que evidencia la virtud de las ollas.