Se enfrentan por obras de Línea 2

Cerca de las 7:00 a.m., trabajadores de la Concesionaria Metro de Lima Línea 2 comenzaron la descarga de materiales en la avenida 9 de Diciembre, en el Paseo Colón, pero miembros del Serenazgo de Lima lo impidieron, lo que provocó un enfrentamiento físico y verbal.

Al lugar llegaron el viceministro de Transportes, Ismael Sutta; la jefa de Ositran, Verónica Zambrano; la jefa de la ATU, Maribel Matos; la gerenta de Movilidad Urbana de la MML, Elvira Moscoso; y Carmen Deulofeu, gerenta general de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2.

Deulofeu afirmó que la implementación del plan de desvíos para iniciar la construcción de la Estación Central se ha convertido “en un camino crítico”, por la constante oposición de la MML. Recordó que, el 1 de febrero de este año, el municipio impuso un plan de desvíos al cual se allanó la concesionaria cinco días después.

“No deja de sorprendernos porque uno se autobserva su propio plan. Sin estar obligados a ello, habiéndonos acogido a la Ley 31955, ley de endeudamiento, que exonera de permiso, presentamos toda la documentación”, mencionó.

El viceministro Sutta aseveró que la concesionaria y su cartera cumplieron con los requisitos estipulados por la municipalidad, mientras que Matos subrayó que una falta de “sincronización (de semáforos) no puede limitar el inicio del plan”, ya que la Policía estará desplegada en todos los sectores.

Moscoso manifestó que la negativa a autorizar el inicio de las obras es porque la concesionaria presentó recién el 4 de julio información de los semáforos y controladores, los cuales no se comunican con la Central de Monitoreo de Tránsito.

“Pedimos cinco días para verificar la documentación y firmar, nosotros, una resolución de autorización y ellos, un compromiso de que en 13 meses abren la Garcilaso y no en más de 24 meses, el Paseo Colón”, dijo.

Según fuentes de Perú21, la dilación de la ejecución de la Estación Central costaría 31 millones de dólares y, en un eventual arbitraje, el Estado tendría que pagar 10 millones de dólares por cada mes de retraso del proyecto.

La demora de la obra tiene un impacto social grave, ya que permitirá la interconexión con el Metropolitano.