Unos 420 mil usuarios que, a diario, se trasladan a través del sistema del Metropolitano de Chorrillos a Independencia y viceversa se verán perjudicados si llega a concretarse a partir de agosto la suspensión del servicio ante los desacuerdos entre los concesionarios de los buses y los funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.
Esta semana, ambos actores sostuvieron dos reuniones para analizar el problema y las soluciones en torno al desequilibrio financiero que enfrentan los operadores. Sin embargo, no hubo humo blanco.
Tres de los cuatro concesionarios anunciaron la suspensión del diálogo con la ATU hasta que el Ejecutivo designe a representantes competentes que gocen del respaldo del MEF, MTC y PCM. Calificaron de “mamarracho” la propuesta de un decreto de urgencia para la modificación estructural del contrato de concesión.
La ATU calificó esta decisión de “intransigente” y aseguró que no cederá a presiones que comprometan recursos del Estado o que afecten los resultados de los procesos judiciales y/o arbitrales.
“Sería catastrófico. Lo que se tiene que hacer es evitar que haya una suspensión. Es uno de los principales servicios con relativa seguridad y confort en comparación con la oferta convencional. En este mensaje de 28 de julio se debería hacer mención a los contratos con los corredores complementarios y el Metropolitano. Esperaría que se asegure la continuidad y que las medidas que se van a tomar sean estructurales, no solo paliativos y analgésicos para salir del paso”, declaró a Perú21 Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones.
Radiografía
Roberto Vélez, vocero de los concesionarios y gerente general de A Movernos, explicó que, actualmente, “los costos operativos del Metropolitano exceden a los ingresos en un 24%”, un evidente “desequilibrio financiero” que, sumado a los incumplimientos del concedente —ATU—, hace inviable seguir prestando el servicio.
La demanda de usuarios es 20% menor a 2019, pues transporta en un día laborable a 420,000 pasajeros, muy lejos de los 713,000 previstos al inicio de la operación. “Los buses demoran en llegar a los paraderos porque la ATU no sabe gestionar la programación”, dijo Vélez.
Además, detalló que existen rutas autorizadas por la ATU que se superponen a los alimentadores a Tungasuca (35), Trapiche (55), Santo Domingo (31), Puno (41), Puente Piedra (48), Milagros de Jesús (42), Collique (44), Carabayllo (52), Belaúnde (41), entre otros. A esto se suma la presencia del servicio informal de auto colectivo en la avenida Túpac Amaru, en Comas.
La demora en poner en marcha la totalidad de estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano (de Naranjal a Chimpu Ocllo) es otro grave incumplimiento. “Hay 14 años de demora. Esto ha sido una cosa increíblemente dilatoria”, enfatizó. Según Vélez, las estaciones podrían estar funcionando recién en diciembre próximo, pues la ATU debe firmar una adenda para la adquisición de las máquinas recaudadoras de saldo.
Frente a estos incumplimientos, el Estado ha perdido laudos arbitrales con los concesionarios por S/500 millones, de los cuales S/280 millones han sido abonados a Cofide por el pago de los buses.
Análisis
Ante esta situación, la exministra Lazarte plantea dos medidas. Una a corto plazo: que la ATU disponga de los recursos retenidos en el Fondo Infraestructura y Contingencias, equivalente al 4% de lo recaudado por la entidad, para evitar la suspensión del servicio. Y a largo plazo: trabajar en la renegociación de los contratos de concesión firmados entre los operadores y la Municipalidad de Lima, a través de la extinta Protransporte.
“Se tienen que rehacer los contratos de concesión, porque hay condiciones estructurales que no van a poder ser modificados a través de adendas y no se pueden estar sacando decretos de urgencia que después debiliten el sistema de inversión privada”, aseveró.
La entidad técnica y legalmente encargada de liderar la renegociación de los contratos, dijo, es la ATU, que “hoy está descabezada, pues tiene una presidenta ejecutiva (Marybel Matos) nombrada de manera temporal”, lo que hace que los “concesionarios no tengan con quien sentarse a negociar” y la gestión de transporte formal vaya en “piloto automático”. La oficina de comunicaciones de la ATU dijo que no iba a pronunciarse sobre el tema.
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