Ejecutivo aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030

El Decreto Supremo 011-2020-JUS se publicó en el diario oficial “El Peruano” este viernes. De acuerdo con el comunicado, esta política, iniciada en el año 2019, frente a la actual situación del sistema penitenciario, busca atender seis objetivos prioritarios orientados a reducir el hacinamiento, garantizar mejores condiciones de vida (especialmente en materia de salud).

De igual forma, asegurar la seguridad en los penales, fortalecer la reinserción, fortalecer la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario, y mejorar el tratamiento de quienes han cumplido sus penas para su reinserción una vez que egresen de los penales.

Esta política, además, da cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC). En mayo del 2020, mostró su preocupación sobre la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad, especialmente por el hacinamiento penitenciario en los penales (“estado de cosas inconstitucional”); y a la sentencia de junio del 2019, la cual alertó sobre la grave situación de la salud mental de las personas privadas de su libertad.

El pasado 29 de agosto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, destacó el trabajo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del ministerio en la formulación de los nuevos lineamientos para mejorar el sistema carcelario del país. Asimismo precisó que con esta nueva política se da cumplimiento a dos sentencias del TC: la primera vinculada a la salud mental y, la más reciente, al tema del hacinamiento.

“Compartimos el diagnóstico y la preocupación respecto a la administración de los establecimientos penitenciarios. Por ello, nuestro objetivo es elaborar lineamientos y políticas de prevención, generando planes a largo plazo que nos permitan optimar las condiciones de salud y reducir el hacinamiento, entre otros puntos”, expresó.

La Política Nacional Penitenciaria al 2030 cuenta con el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), la opinión favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), y la aprobación del Consejo de Ministros otorgada en la sesión del último 23 de septiembre.