Negocio verde en la Municipalidad de San Isidro

Ya el verdor característico de San Isidro fue mellado durante la gestión de Augusto Cáceres (Acción Popular), quien fue acusado, en diciembre de 2022, de integrar una red criminal que operó direccionando la contratación de servicios de mantenimiento de las áreas verdes a favor del Consorcio San Isidro a cambio de recibir S/44 millones.

Con la llegada de Nancy Vizurraga (Renovación Popular) al sillón municipal —ella fue regidora durante la administración de Cáceres—, se esperó que se revierta el paisaje amarillo que imperaba en las calles sanisidrinas, pero se encontró que el investigado Consorcio San Isidro dejó de prestar sus servicios.

Las dudas sobre su gestión están instaladas en el mismo Concejo Municipal de la Municipalidad de San Isidro. Perú21 conversó con estas autoridades y muchos lamentaron que haya existido “poca transparencia” para llevar adelante el proceso.

“En primer lugar, no se cerró el primer proceso adecuadamente. Si el Consorcio San Isidro abandonó su labor, entonces por ley debió entrar el segundo postor. Al final, eso causó abandonar aún más las áreas verdes del distrito”, sentenció la regidora Zuleika Benel.

Desde la municipalidad advirtieron que el segundo postor, el Consorcio San Isidro Ecológico, no respondió a tiempo las solicitudes y, por ello, eligieron iniciar un nuevo proceso de adjudicación directa.

Sin embargo, Ernesto Salas Muñoz, del Consorcio San Isidro Ecológico, replicó que sí cumplieron con entregar los documentos requeridos, pero aseguró que les hicieron “una mala jugada” para no darles el contrato que abandonó la otra empresa. Muñoz dijo a este diario que próximamente se entablará una denuncia contra la Municipalidad de San Isidro por “afectarlos”.

Con la mala experiencia del exalcalde Cáceres, los vecinos de San Isidro también ven con extrañeza que se elija a un nuevo consorcio mediante adjudicación directa y no por concurso público.

Fuera del camino los consorcios que participaron en la era Cáceres, la gestión de Vizurraga inició los preparativos para la adjudicación directa, a la cual se invitó al Consorcio Green World.

De acuerdo a información del OSCE, el 2 de mayo se invitó al consorcio y el 8 de mayo ya estaban celebrando el millonario contrato. En menos de una semana.

El Consorcio Green World está compuesto por ECO-RIN S.A.C. y Rosa Esther Verástegui Verástegui E.I.R.L. “La segunda fue investigada por incumplimiento de contrato durante la gestión de Álvaro Paz de la Barra en La Molina. Además, ECO-RIN no tiene experiencia en mantenimiento de áreas verdes, sino en la recolección de residuos sólidos”, aseveró la regidora Benel.

“Nunca se nos informó. Nunca nos dicen nada. Por múltiples canales pedí que nos informen cuáles son las empresas invitadas, por qué no contratar el servicio por dos o tres meses, pero no, decían que ‘eso no podía ser’”, agregó.

A su turno, la regidora Lily Morey remarcó que se debió buscar “especialistas” para salvar las áreas verdes del distrito y que, por transparencia, se debió discutir el proceso en el Concejo Municipal.

“Los vecinos piden hacer las cosas bien y estamos en una nueva gestión para dar soluciones y no más problemas al distrito”, comentó.

Pero el teniente alcalde —del mismo partido que la alcaldesa— también encendió las alarmas sobre este proceso. Perú21 accedió a un documento que el teniente alcalde de San Isidro, Gustavo Reátegui, envió a Nancy Vizurraga en el que pide la nulidad del contrato con el Consorcio Green World.

“A pesar de la poca transparencia con los regidores en lo referente a este proceso y su contratación directa, nos llama la atención el impedimento al acceso de los concejales a las bases y los criterios usados para esta evaluación”, se lee en el documento.

Incluso, hay un escrito en el que Reátegui detalla que el gerente de Asesoría Jurídica, José Danós Rochabrun, “trató de intimidarme con que se me podía vacar” durante una reunión informativa del 3 de mayo. “Danós dio a entender que el único camino era la contratación directa y que un concurso público demoraba mucho”, indicó el teniente alcalde.

En su primer mes en la municipalidad, Nancy Vizurraga firmó una resolución donde delega facultades a sus gerentes para actuar en contrataciones. El contrato con Green World lleva la rúbrica de Luis Huapaya Raygada, subgerente de Logística.

El abogado Carlos Morán, socio en el estudio Muñiz y experto en contrataciones del Estado, apuntó que una adjudicación directa se puede realizar cuando se cumple “escrupulosamente” ciertas condiciones: por motivo de emergencia y desabastecimiento.

“Lo normal es que haya competencia. Lo que debe ocurrir en el 99.9% de las contrataciones que haga el Estado es competencia”, subrayó.

Consultado por el caso de San Isidro, señaló que existe la “particularidad” de proteger El Olivar como pulmón del distrito y un área turística importante. “Va a depender de cada caso. Pero si es para el mantenimiento de jardines, con el respeto de los jardines y otros, no lo veo justificado para una adjudicación directa”, indicó.

El especialista aclaró que no es cierto que un concurso público demore un año, tal como señaló la alcaldesa Vizurraga en entrevista con este diario (ver entrevista).

“Un año no; como máximo puede demandar tres meses. Un mes para el estudio de mercado, la dación de precios, designación del comité de selección y otros dos meses para el proceso de selección. No hay más”, concluyó.

Así las cosas, un sector reclama el “continuismo” y falta de transparencia en la gestión de Vizurraga, primera mujer que llega al más alto cargo en el municipio. Siendo los primeros meses de administración, aún hay tiempo para recomponer las cosas y salvar San Isidro.

La falta de mantenimiento a las áreas verdes es un problema que mi gestión heredó del anterior alcalde. Lo que hicimos fue una contratación directa. La ley lo dice bien claro: yo como alcaldesa no intervengo en este tema. Aparte, con mayor insistencia no quería saber nada del asunto por los antecedentes de la autoridad anterior. La ley dice que hay que tener una comisión; de eso se encargan los funcionarios de administración. No la alcaldesa ni los regidores.

Los regidores argumentan que pedían las bases, etc. Si yo como alcaldesa no quería intervenir por una cuestión de que no puedo ser juez y parte, esa es función de administradores. Me extraña mucho el proceder de algunas personas. En la Municipalidad de San Isidro hay puertas abiertas, se les brinda toda la información. No solo en este tema.

Yo pediría a los regidores que conversen con las personas que han estado a cargo de la adjudicación. Si ellos tienen una duda, que conversen. Todos los regidores han sido informados. Hubo comunicados públicos y, sobre todo, no soy responsable de lo que los señores puedan pensar, decir. Invoco a los señores a que tengan una reflexión.

El alcalde y los regidores no son funcionarios. Empezando por ahí. Los regidores se han reunido con los funcionarios responsables. Paso a paso se les ha dado la información. Además, por la Ley de Municipalidades, el teniente alcalde no puede pedir eso.

Un concurso público dura, mínimo, un año. Yo no podía esperar un año, o quizá algo más, para tener a un postor ganador. Entonces se decidió por ir a contratación directa.

La verdad, sé que a tres empresas les invitaron, pero esa información no la manejo. Eso se puede consultar en el área respectiva. Mayores datos no le puedo dar porque lo que he tratado en lo posible es estar al margen totalmente.

Como alcaldesa no intervengo en temas administrativos. La labor del alcalde no es entrar en temas de licitaciones. Hay que tener mucho cuidado. Los encargados son personas correctas.

Desde que empezó mi gestión, les dije a OCI y la Procuraduría que tengo una administración abierta. No tengo por qué temer. Somos responsables del manejo de recursos y trabajamos con total tranquilidad.