Empresa de hermano de Aníbal Torres sigue facturando al Estado pese a inhabilitación

En lo que va del año, la empresa de Víctor Antonio Torres Vásquez ha girado tres órdenes de servicio —en enero, mayo y julio— al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por, al menos, S/2'359,200. Pero dos de estas últimas órdenes le fueron desembolsadas cuando ya tenía una sanción.

El pasado 20 de abril, el Tribunal de Contrataciones del OSCE sancionó a la empresa, en primera instancia, con cuatro meses de inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal advirtió que, en setiembre del año pasado, cuando Aldem S.A.C. y Cenares suscribieron un nuevo acuerdo para el alquiler de un local, el apoderado de la empresa ya tenía como hermano a un ministro de Estado: Aníbal Torres; en ese entonces era titular de Justicia.

La empresa apeló esta decisión. Y cinco días después de esta sanción, el Cenares suscribió una adenda con la compañía de Víctor Torres, la cual le ha permitido recibir del Estado más de S/1 millón hasta ahora, y que permitirá que se le siga desembolsando más dinero por lo menos hasta 2023.

La adenda en cuestión, suscrita el 25 de abril, se aplicó a un contrato de alquiler que el Cenares arrastra con la empresa desde 2016. Era la novena adenda que se hacía.

En diálogo con Perú21, José Gonzáles Clemente, director del Cenares, alegó que, al momento de hacer esta adenda, no sabía de la sanción en primera instancia emitida por el tribunal y remarcó que la inhabilitación entró en vigencia recién con el pronunciamiento de segunda instancia.

Pero la resolución de segunda instancia del Tribunal de Contrataciones del Estado —dada el 23 de mayo— tan solo confirmó lo resuelto en abril, sancionando a la empresa del hermanísimo con un impedimento para contratar con el Estado por cuatro meses, hasta el 23 de setiembre próximo.

“La orden de servicio es un instrumento para poder generar los pagos, porque la obligación de la adenda se genera el 25 de abril, cuando fue suscrita. Las órdenes que devienen de esa adenda —que van a ser con fecha posterior— obviamente ya no se encuentran en alguna situación de alguna contratación”, explicó Gonzáles.

Así las cosas, el director del Cenares indicó que todas las órdenes emitidas –y las que vienen– “son válidas”. “Porque devienen de una prórroga que fue firmada en un momento en que se cumplían con las condiciones, y donde el contratista no tenía impedimento. Que ahora tenga un impedimento no anula que se pueda emitir órdenes porque si no, estaríamos incumpliendo una parte de las obligaciones y me tendría que atener, como entidad del Estado, a las consecuencias que podría tomar el proveedor”, aseveró.

Para efectos prácticos, pese a la inhabilitación, la empresa del hermano sigue recibiendo dinero del Estado; y la suscripción de la nueva adenda antes de que se confirme su sanción le cayó como anillo al dedo. Un hermano con suerte.