Trabajadores CAS son más del 18% de la planilla estatal

Ricardo Herrera, socio del Estudio Muñiz, explica que en el Estado hay más de 274,000 trabajadores (cifra al 2018) bajo el régimen CAS de un universo de 1.5 millones de trabajadores en el sector público. Es decir representan más del 18%, precisa.

No obstante, el número de servidores públicos bajo contratos CAS ya bordearía los 300,000, considerando que la tasa de crecimiento anual es de 6%, según cifras de Servir.

A eso se suma que ante la emergencia sanitaria en el sistema de salud se han generado nuevas contrataciones de manera intensiva, aunque de otro lado también hay contratos que no se renovaron y que quedaron en stand by en otros sectores.

En ese contexto, detalla que esta modalidad contractual nació para ser transitoria, e incluso precisa que ya existe una ley que establece que el 10% de los trabajadores CAS pasen anualmente, previo concurso público, al régimen laboral de los decretos legislativos 728 o 276, pero que no se aplica.

“Varias son las leyes que se han dado para hacer que el Ejecutivo reaccione e incorpore a estos trabajadores a los regímenes antes señalados o, por último, al de Servir; sin embargo, han pasado 12 años desde su creación y nada se cumple”, asegura.

El laboralista indica que, de aprobarse la propuesta legislativa de AP, además de hacerles justicia a los trabajadores, evidentemente también tendría un impacto en la planilla del Estado, porque todos pasarían de golpe y sus derechos como el pago de CTS y gratificación completa, entre otros, serían reconocidos.

“Si tomamos en cuenta la CTS (9,72% al año) y las gratificaciones (16,66% al año), el Estado tendría un incremento del 26% en el costo de la planilla anual”, estima.

Este es un costo que se debe asumir porque es parte de la reforma laboral que siempre ha sido una tarea pendiente, asevera Herrera.

Pero, ¿este el momento más oportuno para dar luz verde a esta medida? Brian Ávalos, laboralista del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, opina que el escenario no es el más adecuado para regularizar este sistema, no solo por el COVID-19, por la carga económica que implica y porque las arcas del Estado están debilitadas, también porque esto debe ser bien evaluado y no una solución apresurada.

“En esta propuesta se rompería con el procedimiento regular del concurso público y la meritocracia, que es lo que debe primar. Quizá pueda ser una tarea pendiente para el próximo Congreso”, recomienda.

-La ley de ascenso automático al personal de salud (Ley Nº 31039) está a la fecha en un proceso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC).

-Esta norma, señalan los especialistas, es una reiteración, salvo algunos puntos, de la Ley N°30555, respecto a la cual el Ejecutivo no presentó demanda, lo cual sería observado por el TC.