Proyectos del Congreso afectarían acceso a Internet y tarifas

El primer predictamen, proyecto de ley No. 143/2016-CR, se refiere a la eliminación de la renta básica en telefonía fija. Ante ello, el especialista en telecomunicaciones sostuvo que no es viable debido a que las operadoras aumentarían sus costos en otros aspectos.

“La intención es favorable porque a todos nos gustaría pagar menos, pero el modelo tarifario, que está sujeto a regulación, tiene varias partes y la renta básica es uno de ellas. No se puede decir de manera arbitraria lo eliminamos. Si se llegara a realizar, subirán los montos del resto de componentes que tendría que cancelar el usuario”, indicó.

La propuesta que hace el CEO de DN Consultores es que exista más competencia en el país. “No solo de telefonía fija, sino en general de todos los servicios, incluido el servicio de Internet. Eso hará que las tarifas mejoren y también la calidad del servicio”.

Con respecto al proyecto No. 5852/2020-CR, que dispone no cobrar las deudas de forma generalizada, y así evitar que se suspendan los servicios de Internet, el especialista sostuvo que con esa medida “solo incentiva al peruano a no pagar”.

“Es un despropósito la suspensión de pago porque termina perjudicando a otros que tienen Internet, puesto que, como no hay ingresos, no se hará un adecuado mantenimiento de la red”, refirió Huamán.

Agregó que las empresas de telefonía han dado alternativas de fraccionamiento y se han lanzado al mercado nacional planes solidarios.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) manifestó su “profunda preocupación por la amenaza” que significa para el sector telecomunicaciones los proyectos de ley No. 143/2016-CR y No. 5852/2020-CR aprobados en la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

“La primera iniciativa referida a la eliminación de la renta básica en telefonía fija vulnera el artículo 62 de la Constitución que establece como principio que los contratos-ley no pueden ser modificados por vía legislativa”, indicó.

También señaló que la segunda promueve la morosidad en el sector al disponer el no cobro de las deudas de forma generalizada, y no únicamente a los más vulnerables como ocurre en otros países, además, pone en riesgo la cadena de pagos y la fuente de ingreso formal para más de 100 mil familias peruanas.