Preocupación por iniciativa del Ejecutivo para anular contratos de obras paralizadas

“Si el contratista incumple, se resuelve el contrato automáticamente, se liquida la obra hasta ese momento y luego continúa la ejecución por los mecanismos de la ley, eso independientemente de que el contratista siga un laudo arbitral o proceso judicial”, anotó.

Según Carlos González Prada, asociado principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, asumiendo que se trate de una resolución por incumplimiento del contratista, esta ya se encuentra prevista en el reglamento de la ley siempre que se le haya requerido al contratista el cumplimiento de sus obligaciones y este no lo hubiera hecho dentro del plazo otorgado. En esta medida, la cláusula sería innecesaria, dijo.

Y si la propuesta se refiriera a continuar con los proyectos ya sean urgentes o no, en caso hayan sido declarado nulos, y exista la necesidad de continuarlos, el reglamento de la ley ya prevé que cuando se resuelva un contrato la entidad responsable puede contratar a alguno de los postores que participaron en el concurso.

Para Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión, incluir una cláusula amplia que permita resolver contratos ante cualquier demora, implicaría elevar los riesgos y costos financieros para los potenciales adjudicatarios.

Así, si las empresas que van a participar saben que el Estado puede resolver contratos en cualquier momento y no están claras la responsabilidades o causas, y que ellos no tendrán mayor control, sería un desincentivo para participar en las licitaciones.

-Según la Contraloría General de la República, hay 2,369 obras por contrata paralizadas a nivel nacional, inmovilizando una inversión de S/ 22,453 millones.