¿Cómo la ley ‘Jeri’ puede perjudicar a la industria?

La ‘ley Jerí’ inicialmente prioriza ocho sectores: alimentos y agroindustria, pesca y acuicultura, textil y confecciones, industria naval, energías renovables y electromovilidad, proveedores de la minería, TIC y comunicaciones, y forestal.

Sin embargo, a medida que la ley evoluciona, se añaden sectores que no necesitan beneficios tributarios o económicos. Por ejemplo, se plantea exonerar de impuestos a la industria de los autos eléctricos, pero hoy no existen empresas peruanas que los produzcan. La industria de la electromovilidad requiere su propia política (ver gráfico).

Esta ley plantea la creación de un Fondo de Desarrollo Industrial, que opera a través de garantías y créditos directos. Sin embargo, experiencias pasadas con actividades estatales en el sector bancario han demostrado su alto costo y absoluta inutilidad.

La iniciativa promovida públicamente por la SNI plantea un tratamiento privilegiado a las empresas nacionales, entre otras cosas, para procesos de contratación con el Estado.

Esto es inconstitucional, ahuyenta la inversión privada y desincentiva la competencia y la innovación, haciendo que el perdedor sea el cliente final.

La ley intensifica las exoneraciones tributarias territoriales, en la selva y en la sierra altoandina, por ejemplo. Existen diversos estudios que demuestran que estas exoneraciones no han servido para combatir la pobreza, formalizar o incrementar la inversión.

Pero lo peor es que algunas exoneraciones ya existentes generan distorsiones graves. Por ejemplo, la exoneración de impuestos a los combustibles no ha favorecido el desarrollo industrial en la selva y, por el contrario, ha hecho que vengan de otros países a comprar combustible en Perú (ver gráfico).

La creación de zonas económicas especiales manejadas por los gobiernos regionales es una pésima idea. La mayoría de gobernadores afronta procesos judiciales o está en la cárcel, y es conocido como gobiernos regionales y locales no hacen más que extorsionar al empresariado o coludirse con él para robar.

Finalmente, darle beneficios tributarios a quienes contraten colaboradores con grados de doctor o magíster, además de ser discriminatorio, fomentaría un mercado “bamba” de títulos que no agregarán ningún valor a la industria y que Sunedu no será capaz de supervisar.

Las críticas podrían continuar, pero nos falta espacio. En resumen, así redactada, esta ley es una reforma demasiado amplia, sin sustento técnico, inconstitucional e ilegal en varios aspectos, carísima para los contribuyentes, que puede generar mercantilismo y corrupción.

¿Qué congresista estaría de acuerdo con esto? Esperamos que ninguno, aunque…