Elecciones 2021: ¿son viables las promesas tributarias de los candidatos?

Así, George Forsyth de Victoria Nacional (VN) y Hernando de Soto de Avanza País (AV) coinciden en proponer que los ingresos tributarios dependan menos de los impuestos indirectos y en mayor medida de los impuestos directos para mejorar la presión tributaria.

El partido de Forsyth también ha coincidido con Rafael López Aliaga de Renovación Popular (RP) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) en la necesidad de apostar por una autoridad tributaria más amigable y en la simplificación de los regímenes tributarios.

Mientras que Verónica Mendoza de Juntos por el Perú (JP) –al igual que RP, que apuesta por la reducción de la tasa de IGV–, propone la reducción de las exoneraciones tributarias. Adicionalmente, insiste en aplicar un impuesto a las grandes fortunas que superen a los US$100 millones y en fortalecer el impuesto predial sobre las grandes propiedades.

Por su parte, Yonhy Lescano de Acción Popular (AP) plantea fortalecer la Sunat y darle mayores facultades para bajar la evasión y elusión tributaria, además de evaluar las exoneraciones tributarias y otorgar incentivos tributarios a quienes contraten personas entre 55 y 65 años, así como masificar una cultura tributaria.

En el caso de Podemos Perú (PP) de Daniel Urresti, sugiere que toda persona al cumplir la mayoría de edad reciba su DNI, número de RUC y una cuenta de detracciones. También plantea extender el crédito fiscal del IGV a todas las personas jurídicas (podrán compensar el crédito fiscal con sus compras) y naturales (podrán recibir anotaciones del IGV en su cuenta de detracción personal).

Finalmente, el partido de Hernando De Soto ha prometido que someterá una propuesta de reforma tributaria a consulta nacional.

Frente a un planteamiento como el de AV, Jorge Otoya, tributarista y socio senior del Estudio Muñiz, sostiene que dicha propuesta evidencia desconocimiento del contenido de la Constitución, ya que “en su artículo 32 dispone expresamente que no se pueden someter a referéndum las normas de carácter tributario”.

El mismo desconocimiento se evidencia en la propuesta de PP de extender el crédito fiscal del IGV a todas las personas naturales y jurídicas. Según explica el especialista, “debido a que el IGV es un impuesto cuya carga económica debe recaer en el consumidor final, estos no podrían tener derecho a crédito fiscal”. Explica que hacer lo contrario, implicaría que el IGV termine devolviéndose en su integridad al consumidor, con lo que este tributo se convertiría en una suerte de préstamo al Estado.

Sobre la propuesta de reducir las exoneraciones tributarias, planteada por JP y Verónica Mendoza, desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) sostienen que los gastos tributarios (exoneraciones, inafectaciones o devoluciones de impuestos) no deberían eliminarse sin un sustento adecuado.

Por ello, coinciden con el Ministerio de Economía (MEF) al señalar que su eliminación requiere de una evaluación previa de su carácter equitativo y de su efectividad. Y recuerda que las principales exoneraciones son al IGV de productos agrícolas y a la actividad económica en la selva, dos temas considerados desde la perspectiva del IPE como “políticamente sensibles”.

De la misma opinión es Jorge Otoya y por eso no duda en prever que su eliminación o reducción es “poco probable”.

“No hay que olvidar que algunas de ellas tienen un fuerte contenido social, como la exoneración del IGV a los alimentos o las exoneraciones en la Amazonía, por lo que es poco probable que puedan ser eliminadas o reducidas. Es un mito sostener que las grandes empresas gozan, en la actualidad, de exoneraciones, cuando, en la realidad, soportan la mayor parte de la carga tributaria nacional”, asegura el tributarista.

Y, con una recaudación afectada por la pandemia, ¿será posible apuntar hacia una reducción del IGV, tal y como lo plantea JP? Aunque reconoce lo difícil que resultaría una reducción del IGV en un escenario –de déficit fiscal– como el actual, para Jorge Otoya, el impacto de esa medida, en el mediano plazo, debería ser positivo para la economía pues tendería a trasladarse al consumidor mediante una efectiva reducción de precios.

Muy por el contrario, considera que frente a un escenario de déficit de inversión y pérdida de confianza como el actual, imponer un “impuesto a los ricos” o a las “grandes fortunas” o incrementar el monto del impuesto predial solo incentivará la deslocalización (léase, migración) de los grandes capitales.

“Se conseguirá un efecto completamente contrario al que se busca conseguir. Es la evidencia empírica que se ha apreciado en los países en los que se ha impuesto este tipo de tributos. Es una receta equivocada tratar de curar a un paciente cuyo problema es gastar mal lo poco que tiene, dándole más recursos para gastar”, señala.

En ese sentido, y al igual que el IPE, sostiene que la ampliación efectiva de la base tributaria requiere de un incremento de la productividad de las empresas y los trabajadores.

“Mientras no se amplíe el universo de contribuyentes actualmente existentes, es improbable que se deje de depender de los impuestos indirectos (IGV e ISC), que son de muy fácil recaudación, pues se apoya mucho en la recaudación tercerizada que ha implementado la Sunat a través de los regímenes de detracciones, percepciones y retenciones”, afirma.