Se reaviva debate sobre el déficit de viviendas de interés social

Y es que, en el Perú, el déficit es de aproximadamente 1.8 millones de viviendas, de las cuales casi 1.5 millones corresponden a inmuebles que no reúnen las condiciones de habitabilidad, y el resto al número de casas que hacen falta. La comuna del distrito antes mencionado no es la única que pone trabas al desarrollo habitacional social y de otro tipo.

El director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, explicó que hay 900 proyectos, de los cuales al menos 700 atraviesan por estos problemas para construir, y se encuentran principalmente en las llamadas Lima Top y Lima Moderna, entre los que destacan San Isidro, Miraflores, Surco y Jesús María.

“Lima Top tiene las herramientas perfectas para obstaculizar el desarrollo y el problema es que esto luego se repite en otros municipios. La vivienda social puede construirse en cualquier distrito”, aseguró.

Pero, en general, detalló que los municipios, para evitar que haya más proyectos inmobiliarios, plantean sobrerrequisitos para la continuidad de las obras.

El presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Juan Carlos Tassara, recordó, además, que en Magdalena se prohibió la construcción por seis meses.

En enero, el alcalde Francis Allison anunció que no otorgarían más licencias por medio año y que revisarían las otorgadas en los últimos cuatro años.

“Hay un concepto erróneo de lo que es la residencialidad; eso está mal enfocado. La municipalidad no puede prohibir el derecho a construir. Hay que respetar las normas”, afirmó Tassara y señaló que lo que se necesita es planificación.

Toda esta situación perjudica también a los jóvenes que buscan su primer inmueble, uno de tamaño pequeño, en el distrito donde radicaron toda su vida, o en alguna zona donde se encuentren más cómodos.

En tanto, Fernando Ibárcena, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), señaló que debido a que en el país se construyen pocas casas y departamentos, es necesario que no se pongan trabas a las construcciones formales de inmuebles.

San Isidro ha manifestado su rechazo a la construcción de inmuebles sociales porque no garantizan la provisión de equipamiento e infraestructura de servicios.

En tanto, desde Magdalena manifestaron que es por la altura de estas construcciones y “se hacen sin estacionamientos, lo cual es grave porque luego no tenemos dónde estacionar”.

En 2020, San Isidro presentó una demanda contra el Ministerio de Vivienda para dejar sin efecto un decreto que promovía la construcción de vivienda social. En 2021, el TC rechazó dicha demanda.