El MTC dio inicio al proceso de resolución por interés público del contrato de concesión con Azteca. (FOTO: FEC)
El MTC dio inicio al proceso de resolución por interés público del contrato de concesión con Azteca. (FOTO: FEC)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones () informó que un tribunal arbitral falló a favor del Estado en el caso relacionado al contrato de concesión del proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica suscrito con Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

“El MTC ha tenido varios arbitrajes en el transcurso de la concesión y en este caso en especial, que ya dictaminó el tribunal arbitral, se reconoció que los concesionarios adquieran los terrenos sobre los cuales han sido construidos los nodos de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Asimismo, ordenó que Azteca asuma el 100% de los gastos arbitrales”, refirió Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente de Osiptel.

El también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio inicio al proceso de resolución por interés público del contrato de concesión tras la convocatoria a una audiencia pública para el 17 de mayo.

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“Este proceso durará seis meses. La red se terminó de construir el 2016 y desde entonces la utilización ha sido por debajo del 10%; es decir, nunca despegó. Se esperó que pudiera generar el tráfico para que fuera sostenible, pero ocurre que el Estado invierte más de lo que estuvo previsto y esto tiene que ver con el diseño del proyecto”, indicó.

Agregó que los órganos internacionales recomendaban rediseñar el proyecto y contrato. “Los objetivos que se implementaron en un inicio de llevar Internet de banda ancha a las zonas más alejadas no se cumplen, así que hay razones para acelerar este proyecto”, mencionó.

Además, Ruiz Díaz sostuvo que, si se resuelve el contrato por caducidad, Pronatel sería quien administre temporalmente la red.

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En este sentido, el experto propuso que ya se rediseñe el plan de promoción de un nuevo contrato para la adjudicación de este proyecto a un privado.

“Como la infraestructura ya está hecha, lo único que se tendría que hacer es un contrato de operación y mantenimiento en el cual podría ser un proyecto autosostenible”, dijo el expresidente de Osiptel, quien añadió que este proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica beneficiará a seis millones de personas en zonas alejadas.

DISEÑO DE REDES

Por su parte, Alejandro Jiménez, exgerente general del Osiptel y director ejecutivo de All Business Solutions, comentó que el Estado no debe meterse a diseñar redes, sino dejar a los privados con incentivos adecuados a desplegar esas iniciativas de telecomunicaciones.

“La pésima estructuración del contrato y las bases entre el MTC y ProInversión han generado que la inversión de miles de millones de dólares, realizada con los escasos recursos del Estado, se convierta en un elefante blanco, que ha diciembre del 2020 solo usaba el 3.2% de su capacidad instalada y generaba ingresos ínfimos que alcanzaban para cubrir algo más del 7% de sus costos”, acotó.

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Añadió que se ha invertido en 13,500 kilómetros de fibra óptica en todo el país para brindar Internet y que hoy se está buscando un nuevo modelo que conecte a las entidades públicas, colegios, comisarías, hospitales, gobiernos regionales y municipios.

“El Estado es un pésimo empresario, por lo que debiera buscarse un modelo adecuado que recoja también la opinión de las empresas operadoras”, manifestó.

AGENDA EN COMÚN

Según Jiménez para cerrar la brecha digital, se debe realizar un programa “Reto por un país conectado” que convoque a todos los actores, como Osiptel, empresas operadoras, municipios, gobiernos regionales, academia y expertos, para diseñar urgente una agenda común de despliegue de fibra óptica e Internet en el ámbito urbano y rural.

“A raíz de la pandemia hemos constatado la importancia que reviste el internet para la educación, el teletrabajo, conectarse con los servicios de las instituciones públicas, comprar por delivery, etc.”, aseveró.

También recomendó dar facilidades a la inversión, modificar los contratos de concesión estableciendo metas de despliegue a cuenta de pagos de derechos de uso de espectro (algo ya avanzó el MTC en este sentido), simplificar la regulación, eliminar las barreras municipales que increíblemente impiden el despliegue de fibra óptica con argumentos de salud.

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