Peligrosa delegación de facultades (primera parte)

POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Sunat planean implementar un sistema de recaudación del IGV (18%) para servicios de streaming como Netflix. Han escondido la intención formal de esta medida diciendo que quieren “modernizar” la economía digital. Lamentablemente, subir impuestos no es ni moderno ni progresista en un país pobre como el nuestro. Menos aún con un Estado que se come el dinero en sueldos y devuelve o malgasta el destinado a inversión pública, obras y proyectos. ¿Por qué deberíamos darle más dinero a una burocracia que crece, se sube el sueldo, pero no cumple con su función social?

Además, esta “Tasa Netflix” en realidad no será cobrada a Netflix. Como la Sunat no puede gravar el impuesto a un servicio extranjero, este sistema obligará a los bancos a cargar el IGV cuando los usuarios paguen con tarjeta de crédito. Sin embargo, este método podría traer consecuencias negativas para los consumidores, quienes finalmente pagarían más por el servicio: el impuesto + comisión bancaria. El MEF nos quiere empobrecer. Los hechos son claros: la recaudación del IGV mediante los bancos implica un costo adicional. Esto significaría que los consumidores pagarían no solo el 18% de IGV, sino también un incremento en las tarifas bancarias.

Lo peor de todo es que Netflix es consumido no solo por los sectores más acomodados sino por la clase media peruana, esa que hoy no consigue trabajo, paga más por la canasta básica y a la que —paradójicamente— el Congreso le suelta fondos de AFP y CTS para que pueda cubrir sus necesidades. Así, mientras el Congreso le da dinero al pueblo, el Ejecutivo se lo quiere quitar.

Por ejemplo, para un plan premium de Netflix de S/45, el IGV sería S/8 adicionales. Si se suman posibles comisiones bancarias, el costo total podría ascender a S/60 mensuales. Esto representa un incremento del 30% en la tarifa actual, afectando principalmente a los consumidores de niveles socioeconómicos medio y bajo, quienes verían su acceso a servicios de entretenimiento aún más restringido.

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Otro peligro en la delegación de facultades es el pedido de reestructuración del Tribunal Fiscal (la segunda instancia en un litigio o reparo tributario). Lo que buscan MEF y Sunat es la implementación de nuevos supuestos para la medida cautelar preventiva y que permite a la Sunat cobrar de manera coactiva a las empresas, incluso sin haber sido fiscalizadas o estando en litigio. Esto es un abuso a los contribuyentes formales, y por supuesto, de los informales poco se dice y se hace.

El problema de este pedido radica en que la Sunat puede activar estas medidas basándose en la presunción de culpabilidad, sin esperar una resolución del Tribunal Fiscal. Esto implica que las empresas son consideradas culpables antes de tener la oportunidad de demostrar su inocencia, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia. Además, con la aprobación previa, la Sunat puede embargar el patrimonio de las empresas de manera preventiva, afectando su liquidez y operaciones.

“Con un Estado cuya planilla crece, se sube sueldos, paraliza obras, malgasta el dinero de la inversión pública y se roba, en promedio, el 15% del presupuesto anual, ¿con qué derecho la Sunat y el MEF plantean ser más agresivos y rígidos con quienes ya pagamos impuestos? No existe ninguna justificación y el Congreso no le debe delegar facultades al Ejecutivo para estas medidas, bajo ningún supuesto”, mencionó José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. La próxima semana seguiremos ahondando en este tema.

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