De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el mercado laboral en Lima Metropolitana, el empleo tuvo su contracción histórica más fuerte entre abril, mayo y junio de este año.
El aislamiento social tuvo gran impacto en el empleo adecuado y también en el subempleo, que subió de 33% a 42% al comparar lo ocurrido en el segundo trimestre de este año versus similar período del 2019. De esta manera, de cada 100 personas dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), 84 tienen empleo y 16 lo están buscando. De las 84 personas trabajando, 42 cuentan con empleo adecuado y 42 están subempleados, ya sea por ingresos menores o por más horas trabajadas.
En ese sentido, el abogado laboralista César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, considera importante que el Ejecutivo destrabe las inversiones privadas que están pendientes y otorgue mayores beneficios a las microempresas (menos de 10 trabajadores) que comprendían buena parte del mercado laboral.
“Antes de la pandemia, el 70% de la PEA era informal y dentro del 30% restante de la PEA, cerca de la mitad venía de microempresas, empresas de manufactura, textiles y comercio que se han visto fuertemente afectadas. Entonces, muchos de esos trabajadores hacen sus propios negocios o ingresan al subempleo por la propia necesidad”, explicó.
Aunque coincide en que la pérdida de empleos ha llegado a su fondo y los próximos meses se tendrán mejores cifras, Puntriano asegura que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) va a tener que ser más flexible en algunos casos con las microempresas y pensar en incentivos tributarios de carácter temporal.
“Se han dado algunas ayudas como el FAE Mype, pero todavía se puede hacer más. El Gobierno va a tener que evaluar incluso algún tipo de exoneración tributaria, no para fomentar que la gente deje de pagar impuestos, sino porque las empresas más pequeñas se han visto muy golpeadas”, comentó.
Tras el cambio de Gabinete de Ministros, consideró importante evaluar las denegatorias de suspensión perfecta de labores, en especial si las solicitudes se rechazaron por situaciones de forma y no de fondo.
“Al final, esas empresas no se quedan con la denegatoria, van a plantear sus demandas al Poder Judicial y lo único que se logra es que el trabajador se perjudique”, agregó.
Finalmente, en materia de salud y seguridad en el trabajo también pidió tener en cuenta que las microempresas tendrán más dificultades para cumplir con muchos de los requisitos solicitados a todo tipo de empresa.