La solicitud del gobierno para que le deleguen facultades legislativas en temas tributarios ha generado controversia. Por un lado, se percibe como un aumento de impuestos sobre contribuyentes que ya tienen una pesada carga tributaria pero que casi no reciben contraprestaciones públicas. Por otro, están los que consideran que las medidas planteadas constituyen “una reforma” para elevar la presión tributaria del país que permitirá una mejor provisión de bienes y servicios públicos para los ciudadanos.
Los esfuerzos desplegados durante la pandemia han reducido los ahorros privados (por retiros de AFP y CTS que en el futuro pueden generar contingencias fiscales) y un debilitamiento de las finanzas públicas. Para revertir esta situación, es necesario elevar los ingresos tributarios que permitan restaurar la capacidad de la política fiscal para enfrentar eventos que, recurrentemente, golpean la economía y reducen el bienestar social. El asunto es el cuándo y el cómo. Sobre lo primero, hoy es complicado aumentar agresivamente los impuestos porque afectaría la recuperación económica.
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Sobre el cómo, es importante que las medidas tributarias no distorsionen los incentivos para producir, invertir, crear empleo y ahorrar. Además, deben contar con amplio apoyo político: el contribuyente debe estar seguro de que los impuestos que paga se gastan adecuadamente. Lamentablemente, en un entorno de baja credibilidad y de desconfianza, la sensibilidad que han generado las propuestas revelan que este elemento está ausente.
El gobierno espera obtener S/12,000 millones con estas medidas (1.5% del PBI). Este monto solo ayudará a estabilizar la deuda pública y no para mejorar la calidad y cobertura de los bienes y servicios públicos. Las propuestas planteadas están lejos de ser una reforma amplia (por ejemplo, aumentar la base tributaria) que permita distribuir equitativa y eficientemente el esfuerzo que debemos hacer como sociedad para asumir los costos de la pandemia.