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Más de 100 personas fueron sentenciadas por delitos tributarios y aduaneros

Por evasión de impuestos internos y defraudación de rentas de aduanas entre otras modalidades. Lo que afecta a los negocios formales que si cumplen con sus obligaciones y al fisco.

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Fecha Actualización
Durante el presente año, el Poder Judicial, a través de sus diversas instancias, sentenció a 106 personas con penas efectivas de cárcel por haber cometido delitos tributarios o aduaneros que afectaron al fisco y a los negocios formales que sí cumplen con sus obligaciones y pagan sus impuestos, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Dichas sentencias, que van entre los 5 y 8 años de prisión efectiva, son el resultado de las acciones de fiscalización y control realizadas por la entidad, que permitieron obtener pruebas suficientes para formalizar las denuncias por delitos tributarios y aduaneros, los cuales fueron comprobados durante el proceso judicial.
La modalidad de delito tributario más común, entre los sentenciados de este año, es la obtención indebida de crédito fiscal mediante el uso de facturas falsas o clonadas (modalidad conocida como “operaciones no reales”) para justificar actividades comerciales que nunca se efectuaron.
En esos casos, el Impuesto General a las Ventas (IGV) registrado en la factura falsa o clonada fue utilizado como crédito fiscal con la finalidad de evitar o reducir el pago de dicha obligación tributaria. Además, el total facturado fue deducido fraudulentamente como gasto para efectos del Impuesto a la Renta (IR).
De esta manera, los sentenciados no solo evadieron el pago de impuestos, sino también ejercieron competencia desleal con los negocios que sí cumplieron con pagar sus tributos y que actualmente contribuyen a la reactivación de la economía.
En materia aduanera, los principales delitos cometidos fueron contrabando, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, así como la defraudación de rentas de aduana, es decir, el no pago o el pago de menos tributos por el ingreso de las mercancías que importaron al país.
Cabe indicar que estas sentencias fueron impuestas como resultado de fiscalización permanente y la acción de la Procuraduría Pública de la SUNAT. La mayor incidencia de sentenciados se ha dado en Lima, Arequipa, Puno y en El Callao.
En todos estos casos, a los condenados se les impone el pago de la reparación civil que es equivalente a la devolución del monto indebidamente obtenido.
De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT, desde el año 2011 a la fecha, 631 personas fueron sentenciadas con penas efectivas de cárcel; de los cuales el 73% estuvo comprendido en delitos aduaneros y el 27% restante en delitos tributarios.
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