Luego de que a inicios de julio el gobierno autorizara mediante Decreto de Urgencia el subsidio al transporte público, el pasado jueves la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) publicó el reglamento para este otorgamiento. Serán S/ 78 millones para Lima y Callao, y S/ 38 millones para las municipalidades provinciales del interior del país.
En el caso del transporte público en Lima, autoridades como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señalaron que el monto es muy bajo para cubrir las pérdidas del transporte público en pandemia. Al respecto, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar indicó que el dinero “siempre va a ser insuficiente” para estos casos.
También criticó la reacción tardía del gobierno: “(El subsidio) lo estamos viendo recién después de 110 días. Eso es lo grave. Esto tenía que preverse con tiempo. Han dejado que siga creciendo la bola de nieve y ahora recién se alarman”.
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Los cálculos en los subsidios de los pasajes están calculados por kilómetro recorrido, por lo que hay una fórmula de aplicación. Sin embargo, Quispe Candia reconoció que en el caso del transporte tradicional “el problema es que muchos recién están instalando sus controles de GPS”.
Asimismo, se refirió a algunas quejas de los usuarios que reportan alza en los pasajes de algunas líneas, pese al subsidio que viene otorgando el gobierno. El especialista en transporte indicó que si bien en nuestro país rige el libre mercado, lo que sí debe hacer el Estado es fiscalizar, controlar, e intervenir cuando se generan distorsiones.
“Allí está el rol de la autoridad, en una pandemia en la que todos están afectados, la ATU deberá llamar a estos señores y firmar compromisos para que no afecten a la población subiendo el pasaje en forma unilateral”, explicó Quispe Candia.
Uno de los aspectos positivos del subsidio, según el presidente de Luz Ámbar, es que entre las condiciones para el subsidio está que las empresas de transporte tengan controles GPS, una caja centralizada que obliga a poner en planilla a sus trabajadores, recaudo electrónico. Lo que favorece a la comunidad, el servicio, y a ellos porque habrá más orden.
Lima y Callao tienen el foco más álgido del transporte, pero no el único. De hecho, el subsidio del transporte también se enfoca en el interior. Las encargadas de distribuir estos fondos a las empresas serán las municipalidades provinciales.
“Me alegra que se haya pensado también en apoyar a las provincias, porque el desequilibrio de Lima y provincias es tan grande que a veces abruma. Los buses y micros en ciudades intermedias y grandes, también estarán funcionando a mitad de capacidad, y cada viaje es pérdida. Eso hay que enfrentarlo”, comentó María Isabel Remy, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos.
Por su lado, Quispe Candia aseguró que en los municipios de provincias va a ser mucho más complicado, porque se piden las mismas condiciones que en Lima. Quiere decir que las empresas de transporte deben contar con control GPS, recaudo electrónico, trabajadores en planilla, etc.
“Por ejemplo, en el reglamento hemos estado analizando que ellos van a llevar un reporte para el abastecimiento del combustible de los vehículos, pero no dice cómo. Ese reporte no puede ser manual, se supone que debe ser un reporte en tiempo real a las autoridades”, enfatizó.
Agregó que, lamentablemente, estos casos se podrían prestar a cualquier hecho que pueda lindar con la corrupción.
Remy discrepó con esa posición: “Confío en la eficiencia de muchos gobiernos descentralizados. En todo caso, la gran mayoría no es más ineficiente que el gobierno nacional. Los gobiernos locales de ciudades grandes tiene personal interesante también”.
La investigadora dejó una reflexión más allá de los subsidios. “Durante este tiempo que estuvimos encerrados, se habló de cómo potenciar el uso de bicicleta. ¿Necesitamos transporte público de calidad? Sí. Pero también hay que estimular a que la gente se desplace menos, pensando en cómo logramos que las ciudades sean más sanas ambientalmente”.