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Las incógnitas que genera la iniciativa de que medianas y grandes empresas fraccionen sus deudas con trabajadores
Propuesta del gobierno debería definir si la remuneración mensual figurará dentro de las obligaciones aplazables y por cuánto tiempo se podrá aplicar, indican abogados laboralistas.
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Por María Claudia Medina
Una de las primeras medidas que el Gobierno otorgó para darle un respiro a las pequeñas y microempresas afectadas por la pandemia fue la posibilidad de fraccionar obligaciones laborales que no habían podido cumplir con sus trabajadores durante el Estado de Emergencia. Aplicar esta facilidad a todo tipo de empresa es una de las propuestas del nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Martín Ruggiero.
De acuerdo con el abogado laboralista César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, la medida es interesante, pero necesita que se definan varios puntos como los pagos que comprende la obligación laboral, que es diferente según el tipo de empresa.
“La microempresa no paga CTS, no paga gratificaciones y solo reconoce 15 días de vacaciones. La pequeña empresa sí paga la mitad en la CTS, la mitad de la gratificación y 15 días de vacaciones. Entonces, no es mala la idea, pero sí debe haber algunos requisitos”, estimó.
¿Qué comprende la deuda laboral?
Mientras que para las micro y pequeñas empresas la deuda fraccionable puede incluir tanto remuneración como los beneficios laborales (gratificaciones o CTS), en el caso de las medianas y grandes empresas, para Percy Alache, director del área laboral de PwC, fraccionar la remuneración no sería recomendable.
“La norma tendría que precisar si se va a incluir solo beneficios laborales o también la remuneración mensual, que a mi criterio no debería de comprometerse. También se va a tener que definir si haber tenido Reactiva Perú excluye a las empresas”, precisó.
Por otro lado, Puntriano también comenta que la aplicación del plan de fraccionamiento tampoco es sencilla, porque se necesita de una inspección laboral y que el plazo máximo para acogerse vence con el Estado de Emergencia, el próximo 31 de julio.
“No es que la empresa le diga al trabajador que se acogerá al plan y el pago fraccionado, tiene que haber una inspección laboral de Sunafil. Considero que la primera línea de ayuda siempre debería ser a las mypes porque es más fácil que pasen al sector informal. En empresas más grandes, habría que analizar el sector”, agregó.
De igual manera, Alache aseguró que la medida le puede dar oxígeno a las empresas, pero que debe hacerse con una evaluación económica y financiera.
“Si se les da la puerta abierta, sin ninguna evaluación, podría ocasionar que las empresas reprogramen todo el pago o la mayoría de sus pagos y eso generaría conflictos”, sostuvo.
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