La salud pública en UCI cuando el problema es la gestión

Los gobiernos regionales son responsables de diversos proyectos de infraestructura para el cierre de brechas de servicios. En salud, el proceso de descentralización le otorgó la responsabilidad de la construcción de hospitales a través de sus direcciones regionales de salud (Diresas). En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) brinda asistencia técnica para el mejor desarrollo de los proyectos en beneficio de su población.

Así, los gobiernos regionales reciben 65% del total presupuesto de inversión pública de salud, es decir, alrededor de S/2,200 millones por año. De este presupuesto, destina el 70% a inversiones para construcción, ampliación y mejoras de establecimientos de salud de niveles I, II y III.

Según las cifras y datos analizados, los gobiernos regionales no han estado a la altura y la pandemia desnudó con crudeza esas gestiones deficientes. No se trata, como sostienen algunos políticos y candidatos, de un problema del modelo como tal o de la Constitución –que necesitan cambios y ajustes puntuales–.

A 2020 existían 337 proyectos que implicaban la construcción, ampliación y mejoras de establecimientos de salud en los diferentes niveles de atención. Acá no se incluyeron aquellos asociados a la atención de la pandemia, pero todos, de haberse ejecutado, tendrían un impacto directo en los ciudadanos que hoy están –con razón– molestos y exigen cambios.

Como se puede observar en la tabla que acompaña este informe, al comparar el avance acumulado en el periodo 2017-2020, vemos que los proyectos de construcción de nuevos centros de salud y hospitales presentan mayor nivel de ejecución, con 64% y 72% de avance, respectivamente. Asimismo, la remodelación de infraestructura de centros del primer nivel y el reemplazo de sus equipos alcanza el 75.8%. Juntos tienen un nivel de ejecución de 58%. El principal problema es que el avance físico de las obras supera los cinco años, lo que no permite renovar la cartera. Al 2020 se necesitaban 281 centros de atención y 172 hospitales nuevos, pero estamos bastante lejos de ello.

Así, casi la mitad del presupuesto destinado a proyectos que buscan mejorar la calidad de atención de los pacientes retorna al Tesoro Público por problemas de ejecución del gasto.

Proyectos en pandemia, también con atraso

En el contexto de la emergencia sanitaria, los gobiernos regionales, con asistencia del Minsa, debían determinar cuáles serían los establecimientos de salud priorizados para la atención de la emergencia sanitaria (UCI, triaje y hospitalización). El Gobierno Nacional autorizó las transferencias de recursos para realizar las inversiones que permitan mejorar la capacidad de respuesta, así como la implementación de plantas de oxígeno y otros.

Según datos de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los proyectos de infraestructura sanitaria para hacer frente a la crisis originada por la COVID-19, a cargo de los gobiernos regionales, ascienden a S/130 millones (2020-2021), de los cuales se ha ejecutado casi la mitad (45.1%).

Según la ejecución del presupuesto, el 65% del total de los recursos –S/83 millones– ha sido utilizado en la instalación y equipamiento de ambientes de aislamiento y salas UCI.

¿Y las plantas de oxígeno para cuándo?

A la fecha, solo se ha usado la tercera parte (S/8 millones) de los recursos destinados a financiar la construcción de plantas o compra de generadores de oxígeno. Esto se debe a que 60% de proyectos de este tipo que se aprobaron en 2020 quedaron pendientes.

Al cierre de abril, los gobiernos regionales tenían a su cargo 28 proyectos para la adquisición de plantas generadoras de oxígeno valorizados por un total de S/19 millones, de los cuales se ha ejecutado solo el 24% de lo asignado.