La evidencia ha demostrado que la economía social de mercado asigna mejor los recursos (o lo hace de forma más eficiente) que el Estado, a través del mecanismo de precios. Este permite a la sociedad y las empresas la generación de riqueza, que redunda en impuestos que usa el Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población menos favorecida y brindarles oportunidades.
Sin embargo, en el Perú, los beneficios del mercado no se aprovechan adecuadamente, debido a la corrupción y la incompetencia de los gobernantes de turno. Esta es la conclusión a la que llega el economista Raúl Salazar en su libro La economía social de mercado y el desafío del desarrollo peruano: origen y naturaleza de la crisis que vivimos.
Según Salazar, este sistema tiene muchos enemigos, siendo los principales el comunismo y el poder económico. A este último, lo calificó de mercantilista. Por ello, Salazar indicó que para garantizar que los beneficios del sistema alcancen a todos, así como su estabilidad, se requiere la incorporación de una política fiscal progresiva en relación con la distribución del ingreso y el fomento irrestricto de la competencia.
El economista argumentó que la corrupción ha afectado los beneficios del mercado porque se ha extendido a todos los ámbitos de la vida de los peruanos. Describe que esta se ha hecho evidente en el sector público, donde las compras y licitaciones fueron interferidas por mercantilistas como, por ejemplo, el caso Odebrecht.
“Como resultado de este impacto, el crecimiento económico no alcanza su nivel óptimo”, señala.
EL ABANDONO
Según Salazar, el programa de reformas económicas que acordó Alberto Fujimori con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los 90, fue el primer intento que realizó el Perú para poner en vigencia una economía basada en el mercado.
“Lamentablemente, Fujimori lo abandonó y no puso en vigencia el marco legal necesario para el funcionamiento”, precisó en el libro.
Sostuvo que la primera señal de abandono fue cuando Fujimori puso término al programa de privatización de empresas públicas y dejó operar a Sedapal y Petroperú.
Agregó que otra gran falta del gobierno de Fujimori y que no fue corregida por los siguientes fue no haber promulgado leyes para la ejecución del mandato constitucional del régimen económico y no haber establecido una orientación clara a Indecopi para que lo haga cumplir.
También, Salazar responsabilizó a Alan García de haber modificado el impuesto a la renta personal, determinando que los dueños del capital paguen sustancialmente menos que los trabajadores, acentuándose la desigualdad.
Por ello, el economista planteó cuatro recomendaciones para corregir los errores que originan la crisis económica actual. La primera es una reforma tributaria integral; en segundo lugar, la reforma del marco institucional y legal; tercero, la reforma del gasto público; y, por último, la lucha contra la corrupción.
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