Por Cecilia Cavero*
INDECOPI, ha establecido un precedente significativo en la protección de los derechos del consumidor, la reciente Resolución N° 0905- 2024/SPC- INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI, determina que los riesgos comerciales de una empresa no deben ser trasladados a los consumidores, este fallo no solo marca un hito en la jurisprudencia peruana, sino que también resalta la responsabilidad de las empresas de cumplir con sus obligaciones contractuales, sin excusas.
Detalles del Caso
El pronunciamiento es sobre una denuncia presentada contra una inmobiliaria que no cumplió con la entrega de un bien inmueble dentro del plazo acordado en el contrato de compraventa, además la inmobiliaria mostró una notable falta de atención al no responder a las solicitudes de los consumidores, demostrando una deficiencia en su servicio de posventa.
INDECOPI identificó que esta denuncia procede y citó violaciones a varios artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor puesto que el incumplimiento del plazo de entrega y la deficiente atención postventa, eran evidentes por lo cual esta comisión ordenó a la inmobiliaria pagar a los denunciantes $ 14,400 por concepto de alquiler por 1 año y $1200 mensuales hasta la entrega del inmueble ,la inmobiliaria apeló argumentando que las dificultades económicas causadas por la pandemia del COVID-19 justificaban la demora.
Los denunciantes quienes tuvieron que incurrir en gastos adicionales de alquiler y enfrentarse a la incertidumbre de no saber cuándo podrían mudarse a su nuevo hogar, no solo generó un estrés financiero, sino también un impacto emocional al prolongar una situación de inestabilidad y falta de certeza.
¿Qué decidió el tribunal?
Determinó que las complicaciones económicas de la pandemia no era justificables para la transferencia de los riesgos empresariales a los consumidores en consecuencia el tribunal ordenó a la inmobiliaria pagar a los denunciantes $ 14,400 por concepto de alquiler más los intereses legales y 1200 dólares mensuales hasta la entrega del inmueble o la resolución efectiva del contrato; esta decisión se basa en los artículos 114 y 115 del Código de Protección y Defensa del Consumidor que facultan a la autoridad administrativa a adoptar medidas para revertir los efectos de conductas infractoras y compensar las consecuencias patrimoniales directas que son causadas al consumidor
Modus Operandi
En un caso particular, más de 18 familias se han visto afectadas por el incumplimiento de plazos de entrega por parte de una inmobiliaria. Los consumidores no deberían sufrir las consecuencias de la mala gestión o las dificultades financieras de una empresa.
Este precedente es un recordatorio de que las empresas deben gestionar sus riesgos sin transferir las consecuencias negativas a los consumidores y es un paso adelante en la dirección correcta y un modelo a seguir para futuros litigios en defensa del consumidor en el Perú.
*Abogada Especialista en Gestión Pública, así como en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas.
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