Gobierno declara en emergencia provincia de Mariscal Nieto en Moquegua tras protestas en mina Cuajone

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), donde se desarrolla hace más de 50 días el conflicto social en torno a la mina Cuajone, operado por la empresa Southern Perú.

“Hoy en Consejo de Ministros se aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto, justamente por los problemas que son de conocimiento público, de un conflicto social que se tiene ya hace aproximadamente de dos meses entre comuneros, y trabajadores y también la empresa”, mencionó la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

Indicó que entre el 10 y 12 de abril se trató de instalar una mesa de diálogo con los más de 400 integrantes de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, sin embargo, “a la fecha, los señores comuneros no se han logrado poner de acuerdo, causando un perjuicio a 5,000 personas que están en el campamento minero”.

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Agregó que los comuneros piden US$ 5,000 millones para atender sus reclamos, ya que denuncian una supuesta contaminación de tres ríos y cuencas por operaciones de la mina Cuajone.

En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, consideró que el pedido de los comuneros es irracional.

“La declaratoria de emergencia responde a razones de seguridad e invocación al diálogo y que, además, lo irracional del pedido de los comuneros hace inviable el diálogo. Piden US$ 5,000 millones sin sustento técnico que no resuelve el problema y creo que, a través del Ejecutivo, debe restablecerse el principio de autoridad”, dijo.

Diálogo continúa

La ministra aclaró que con la decisión del Ejecutivo no se ha terminado el diálogo con los comuneros.

“A fin de salvaguardar la integridad física tanto de los comuneros como de los trabajadores y evitar que se genere un enfrentamiento, entonces tiene que ingresar el principio de autoridad, en esa línea es que se declara este estado de emergencia”, puntualizó.

Chávez también comentó que si bien es cierto hay temas irresolutos que se tienen que dialogar con la empresa, hay un impacto en los trabajadores.

“A 5,000 personas que están en un campamento se les ha dejado sin el derecho al agua, no se han podido empezar las clases, tenemos un hospital casi colapsado, nosotros reconocemos y valoramos el pedido de todos los peruanos, pero, así como lo hemos manifestado anteriormente, no podemos diferenciar a unos peruanos de otros peruanos, en el país todos somos iguales”, precisó.

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