La producción actual no cubre la demanda y el gobierno ya debería estar planificando nuevas exploraciones y explotaciones de gas de la mano del sector privado. (Foto: Yael Rojas / GEC)
La producción actual no cubre la demanda y el gobierno ya debería estar planificando nuevas exploraciones y explotaciones de gas de la mano del sector privado. (Foto: Yael Rojas / GEC)

El sector que produce, distribuye y comercializa el (GLP) en Perú funciona de forma compleja. Para llegar a su precio final, un “” pasa por procesos con una serie de costos: desde la producción o la importación, el envasado, pasando por el transporte y la distribución de los cilindros, el punto de venta, hasta que finalmente llega al ciudadano que lo usará.

Así, hablar de un subsidio para bajar el precio del gas no es suficiente. El gobierno debe decirnos a qué parte de la cadena “aplicará” el subsidio. ¿Por qué? Si uno pone el subsidio más cerca del ciudadano, entonces la garantía de que se está ayudando a los que más lo necesitan es mayor. Hacer lo contrario diluye la ayuda.

Hoy los hogares, los pequeños comercios y talleres de la pequeña industria son los que más sufren el incremento del precio del GLP. Ellos deberían ser los beneficiarios del subsidio que el presidente Castillo anunció. Pero, ¿adivinen qué? Esa ayuda irá al primer eslabón de la cadena, es decir, a la empresa que produce y envasa el gas.

¿Cuál es? El 86% del gas se produce gracias a la planta propiedad de Pluspetrol en Pisco. Pero el GLP que luego sale de ahí pasa por toda una cadena en la que se sube el precio de manera poco controlada, porque una buena parte del mercado de GLP es informal, donde se vende el gas al precio que quieren y con serios riesgos de calidad y seguridad.

¿Era más difícil poner el subsidio cerca de la gente? No. En Perú el GLP llega a todas las regiones del país. Si en 2011 existían casi 3,000 locales formales de venta de GLP, en 2021 ya son más de 9,600. En Perú hay 116 plantas envasadoras, repartidas en casi todo el territorio, salvo en tres regiones. Es decir, el gobierno sí podría hacer que el subsidio llegue de una forma más directa a la población. Hay analistas u opinólogos que señalan que el precio del GLP puede ser controlado o modificado por algunas empresas distribuidoras o comercializadoras que compran gas a Pluspetrol. Esto no es así.

Finalmente, la producción actual no cubre la demanda y el gobierno ya debería estar planificando nuevas exploraciones y explotaciones de gas de la mano del sector privado. Por el momento, lo único que ocurrirá es que usaremos el dinero de los contribuyentes en un subsidio que no llegará necesariamente a los más necesitados, sino probablemente a los ya tienen el dinero para comprar su balón un poco más caro que antes.

El gobierno no fiscaliza la informalidad

El problema más grave que afronta el sector del gas licuado de petróleo (GLP) en Perú es la informalidad. Para empezar, solo el 5% de consumidores finales le compra GLP a una planta envasadora. El emprendedor, la jefa del hogar o el pequeño industrial compra su gas en uno de los más de 25 mil puntos de venta que no están registrados en el Osinergmin.

Estos locales informales venden el GLP a otros distribuidores sin factura, les dan cilindros con menor peso, se roban y pintan los cilindros de otras empresas o no usan balones seguros y confiables. Y en los distribuidores más pequeños de balones de gas, esta situación se agrava.

El gobierno optó por lo más fácil, porque puso “la plata” al inicio de la cadena productiva, es decir, en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, donde el subsidio se perderá y no llegará a los actores más pequeños del sector, donde están todos los problemas de precio, calidad y seguridad.

El fondo de inclusión social energético

Aquí hay un camino mucho más beneficioso para los más necesitados. El Estado ya tiene un programa, que se llama Bono Gas, para financiar la instalación de tuberías de GLP en hogares y empresas.

Puede llegar a ser gratis según la capacidad adquisitiva de la familia. Incluso este programa aplica para el transporte con gas natural vehicular (GNV), y financia la conversión de vehículos de gasolina o GLP con bonos de descuento en provincias y periodos de gracia de hasta por tres años.

¿Por qué no fortalecer estos programas en vez de gastar el subsidio “arriba”, donde la ayuda terminará diluyéndose? El gobierno debe responder esta pregunta.