La minería ilegal se ha convertido hoy en la primera actividad ilícita en el Perú, superando al narcotráfico. Es fuente principal de lavado de activos y trabaja con redes de crimen organizado que financian actos de corrupción y otros delitos como sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos.
Mira: Congreso: Minem aún no envía proyecto de Ley MAPE para que no se amplíe más el Reinfo
Cinco proyectos de ley buscando la ampliación del Reinfo, aglomerados al parecer solicitando dos años de ampliación, pero en algunos casos de forma indefinida, todo esto en la Comisión de Energía y Minas quien ha sugerido que convocará a una mesa técnica para hablar del tema.
Un proyecto de ley preparado en el Ministerio de Energía y Minas en diálogo con el sector minero formal, gremios y actores privados, que plantea la eliminación del Reinfo sin dar alternativas de formalización realistas y amplias a las casi 500,000 familias que viven de esta actividad y que son representadas en los casi 84,000 Reinfo existentes.
Ciertamente del total de Reinfo, el 79% está suspendido, y solo el 2.5% se ha formalizado, con lo cual queda claro que la ampliación de este sistema NO es una opción. Sin embargo, tampoco es una opción viable políticamente empujar una norma que deje en el aire a todas aquellas familias; las consecuencias pueden ser gravísimas en términos de conflictividad e inestabilidad política.
En este sentido, la Asociación de Contribuyentes, en diálogo con diversos actores formales, académicos, pero también con mineros ancestrales y artesanales que ya son formales o quieren formalizarse plenamente, ha preparado una propuesta que se presenta como una alternativa a las dos posturas polarizadas, extremas y no dialogantes que tanto el Congreso como el Ejecutivo están planteando poner en debate. Se trata de rescatar y atraer a la formalidad a los buenos Reinfo que no son pocos. A esta propuesta la hemos llamado TIMAF (Títulos e incentivos para la minería ancestral y formal).
Contribuyentes que la minería informal o ilegal aluvial requiere un tratamiento legislativo distinto.
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