Los organismos reguladores del Estado como Osiptel están en la mira. La Contraloría General de la República anunció que en octubre iniciarán una fiscalización concurrente para garantizar la eficiente prestación de servicios públicos, así como la gestión de reclamos.
Por otro lado, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República ya tiene facultades de comisión investigadora para indagar por la actuación de los organismos reguladores de servicios públicos. ¿Cómo se interpretan estos anuncios?
En telecomunicaciones el tema es particularmente álgido ya que es donde más reclamos se generan. Para Alejandro Jiménez, ex gerente general de Osiptel, se trata de una intromisión debido a que existe una oficina de control de la Contraloría en cada regulador.
“Osiptel es la segunda instancia de reclamo de los usuarios. Si el operador no lo resuelve, el usuario plantea su queja y hay plazos para resolver el problema. Lo que podrían hacer es verificar que los plazos que establece el mismo regulador se cumplan”, señaló Jiménez.
Añadió que en el caso que el Congreso o Contraloría quieran entrar a la parte sustantiva de lo que es el trabajo del regulador, se requeriría que tengan expertos que conozcan el tema. Es un tema complejo, habría que ver si tienen los recursos para algo tan ambicioso.
Jiménez manifestó que Osiptel ha sido bastante duro con los operadores de telecomunicación, sobre todo en cuarentena, porque les prohibía vender, nadie podía acercarse a su local, ni comprar chips, tampoco podían suspender el servicio por falta de pago, pero les exigían un mejor servicio. “Muchos operadores se quejan de sobrecostos regulatorios”, apuntó.
Por su parte, Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, refirió que la autonomía de los operadores es un pilar de la institucionalidad en el sector telecomunicación, así como en otros servicios públicos.
En ese sentido, agregó que estas medidas pueden traer consecuencias para los usuarios. “Cuando el poder político desgasta las energías de Osiptel para atender consultas de información sin un propósito claro, por supuesto que afecta a los usuarios, operadores y al desarrollo de telecomunicación en el país”, sostuvo.
En esa línea, Huamán acotó que Osiptel debería enfocar sus energías en mantener un ojo atento a la evolución del mercado, y un monitoreo actual de lo que pasa con Internet, ya que toda transformación acelerada exige una suerte de desafíos.
Precisamente, hace dos semanas tuvo lugar el Foro Anual de Reguladores de Telecomunicación a nivel mundial, y el mensaje central fue que dado el desarrollo tecnológico, ahora es más importante la agilidad para desregular ciertos sectores, enfocarse en promover la competencia, crear incentivos y usar herramientas nuevas de regulación, dijo Huamán.
Alejandro Manayalle, socio de Rodrigo Elías y Medrano y especialista en regulación de servicios públicos, hizo un recuento de una serie de problemas que indican que no sería recomendable que se inicie este proceso de investigaciones.
Lo primero es el nivel de especialidad que tienen estos organismos, nivel que no tiene Contraloría y el Congreso. “Estos organismos son bastante sofisticados. Considero que no tienen ese nivel de especialización para las fiscalizaciones que quieren iniciar”.
Un segundo punto, es que el organismo regulador es una especie de árbitro, entre el Estado, la empresa prestadora y el consumidor. Estas investigaciones están asociadas a reclamos de consumidores. “El problema es que se puede equivocadamente realizar una investigación sesgada a favor de los consumidores y eso sería un problema”, precisó Manayalle.
El tercer problema es que si bien el Congreso y la Contraloría tienen facultades para supervisar, no puede funcionar como una segunda instancia. “En la auditoría no se pueden pronunciar sobre el fondo del asunto. Espero que no lo hagan, porque no tienen competencia ni especialización”.
En cuarto lugar está la institucionalidad de los organismos reguladores que se puede ver mellada. Según el especialista, los reguladores pueden sentirse presionados políticamente, lo que traería consecuencias negativas al mercado de telecomunicaciones. “Una captura por parte del Estado podría hacer que incline la balanza a uno de los grupos de interés”, expresó.
Por último, Manayalle detalló que se podría afectar la estabilidad jurídica del país. En los últimos años los contratos de concesión a través de iniciativas de APP se han reducido, lo que afecta la inversión en el Perú. “Y se debe principalmente a temas burocráticos y un excesivo marco regulador. Supervisar al supervisor hace que la seguridad jurídica se vea disminuida”.