El Estado le debe a los afiliados de las AFP más de S/12,000 millones en aportes

Esto significa que el dinero que se retiene de los trabajadores no se está depositando en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), con lo que dejaron de ganar rentabilidad, lo que afecta sus pensiones futuras. (INFOGRAFÍA: JUAN VARGAS)

Actualizado el 20/12/2023, 10:31 a.m.

Mientras en el Congreso se concentraron en pedir un séptimo retiro de los fondos de la AFP, la deuda que mantiene el Estado con los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) supera los S/12,166 millones, según datos de la Asociación de AFP (AAFP) a la que tuvo acceso Perú21.

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Esto significa que el dinero que se retiene de los trabajadores no se está depositando en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), con lo que dejaron de ganar rentabilidad, lo que afecta sus pensiones futuras.

De acuerdo con la información a la que accedió este diario, son 2,728 las instituciones deudoras que afectan a 431,936 personas que pertenecen al SPP. Los gobiernos regionales son las entidades que registran el mayor monto adeudado al sistema previsional privado con más de S/6,205 millones, seguido por el gobierno central con S/3,402 millones y los gobiernos locales con S/2,558 millones.

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Cabe precisar que dichas entidades podrán acogerse al tercer régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales para entidades públicas (REPRO - AFP), publicado el 6 de octubre (Ley 31888). La norma comprende la reprogramación de aportes devengados hasta el 31 de diciembre de 2022.

Con este programa miles de afiliados podrán recuperar sus aportes y la rentabilidad que hubieran obtenido en caso este dinero hubiera sido pagado oportunamente.

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El pago se realizará hasta en 120 cuotas mensuales, correspondiendo la primera al mes de enero de 2025. Además, las entidades también podrán solicitar la suspensión de los procesos de cobranza judicial iniciados por las AFP ante las deudas acogidas a este régimen.

Medidas urgentes

Este año el Congreso aprobó una ley que impone una pena de hasta seis años de prisión a los empleadores que se apropien de los fondos de pensiones y salud de sus trabajadores. Para el exministro de Economía David Tuesta se deben tomar otras medidas.

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“Actualmente, las instituciones declaran que han desembolsado los aportes y no realizan ese desembolso. Lo que tendría que hacerse es declarar cuando se realiza el pago. No solo se debe ver si la ley se está aplicando, sino también la capacidad que tiene el Estado”, aseguró.

Del mismo modo, señaló que también se pueden buscar otros mecanismos para la retención de los aportes, por ejemplo, que sea el mismo banco que lo realice.