En un esfuerzo por abordar uno de los problemas más arraigados en Perú, el Instituto de Investigaciones de Tecnoeconomía (TRI) ha presentado una innovadora propuesta para combatir la corrupción utilizando un sistema de certificación de comportamiento, comúnmente conocido como crédito social.
Este sistema, que evalúa y califica a ciudadanos y empresas según sus actos positivos o negativos, se postula como una herramienta tecnológica clave para reducir la incidencia de comportamientos corruptos.
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Análisis Cualitativo y Resultados
Para desarrollar esta propuesta, el TRI llevó a cabo un exhaustivo análisis cualitativo que incluye tanto el conocimiento de los peruanos sobre la corrupción y sus efectos, como un estudio de antecedentes de sistemas de crédito social en otros países. Los resultados iniciales del estudio revelaron que, aunque la corrupción es percibida como un problema significativo por los peruanos, aún existe una gran falta de comprensión sobre el tema y sus interrelaciones con otros delitos.
Según el análisis de las consultas realizadas en Google, cada mes se efectúan aproximadamente 41,080 búsquedas relacionadas con términos asociados a la corrupción, tales como "cohecho", "estafar", "tráfico de influencias" y otros.
De estas consultas, la mayoría de dudas de los peruanos se concentran en definir su significado, profundizar en contenidos y soluciones legales, además de su relación con sucesos locales. Este nivel y tipo de interés demuestra una preocupación palpable por entender y combatir la corrupción.
Propuesta del TRI: Certificación de Comportamiento
El TRI propone la implementación de un sistema de certificación de comportamiento (CC) que se divide en dos categorías: Certificado de Comportamiento Ciudadano (CCC) y Certificado de Comportamiento Empresarial (CCE). Este sistema se alimentaría de acciones positivas, como el pago de impuestos y el cumplimiento de obligaciones, y penalizaría comportamientos negativos, como infracciones de tránsito o evasión fiscal.
La tecnología jugaría un rol fundamental en este sistema, utilizando herramientas como blockchain, big data e inteligencia artificial para medir, predecir y alertar sobre comportamientos inadecuados. De esta manera, se busca fomentar una cultura de colectivismo y civismo, reduciendo la tendencia al individualismo que, según el TRI, es un factor clave en el desarrollo de entornos corruptos.
En el contexto peruano, el estudio cita la Encuesta de Percepciones sobre la Corrupción realizada por Proética el 2022. Aquí se revela que más del 50% de los encuestados consideran que la corrupción afecta su economía familiar y el crecimiento económico del país. Sin embargo, el 12% de los encuestados admitieron haber pagado sobornos en el último año.
Para evaluar la disposición de los peruanos hacia el sistema de crédito social, el TRI se basó en la encuesta “Créditos sociales y la seguridad: adoptando el mundo de las calificaciones” realizada por Kaspersky en 2020. Los resultados muestran que el 49% de los encuestados conocían el concepto de crédito social, el 43% estarían dispuestos a compartir datos privados a cambio de mejores tarifas y descuentos, el 49% ya utilizan información sobre su comportamiento financiero para obtener financiamiento, y el 51% aceptaría la supervisión gubernamental de sus actividades en redes sociales para mantener la seguridad.
Implementación y Futuro
El TRI recomienda la realización de programas pilotos y campañas de sensibilización para aumentar el conocimiento y la aceptación del crédito social en Perú. Aunque el interés actual es bajo, con solo 210 búsquedas en Google Perú el 25 de julio y 170 el 4 de agosto, el TRI confía en que una adecuada educación y demostración de beneficios podría cambiar esta percepción.
El crédito social, aunque controversial, ofrece una oportunidad para abordar la corrupción de manera estructural y sistemática. La propuesta del TRI invita a considerar enfoques innovadores y tecnológicos para enfrentar uno de los mayores desafíos sociales del país.
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